Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Colima, ordenó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) suspender el proceso electoral para elegir a jueces, magistrados y ministros, de lo contrario amagó con aplicar sanciones que incluyen penas de prisión.
“Corresponde al Consejo General del INE abstenerse de emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025”, dispone el juez federal en un acuerdo emitido este lunes cuyo objetivos es hacer cumplir una suspensión provisional mientras se desahogan las impugnaciones contra la reforma judicial que contempla la elección de juzgadores a través del voto popular.
Para hacer cumplir la orden de suspensión provisional, el juzgador informó que se notificará agente del Ministerio Público de la Federación para investigar la posible violación al artículo 262 de la Ley de Amparo.
Dicho precepto estipula que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo público al servidor público que “no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.
De acuerdo con el juez García Contreras, el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros debe suspenderse de inmediato, en tanto se desahogan los amparos contra la reforma judicial que, entre otras cosas, dispone la destitución de cientos de juzgadores para proceder a una elección abierta a la ciudadanía.
Además de aplicar una multa por 54 mil 285 pesos a cada uno de los consejeros del INE por no suspender el proceso electoral 2024-2025, el juez García Contreras da un plazo de 24 horas, contados a partir de la debida notificación para que se suspenda toda actividad relacionada con dichos comicios.
Según el acuerdo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal debe abstenerse de implementar un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
El Senado de la República, por su parte, debe abstenerse de emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.
La Cámara de Diputados, según el acuerdo judicial, debe omitir realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento a la reforma judicial aprobada en septiembre pasado, entanto que las Legislaturas de los estados y el Congreso de la Ciudad de México deberán suspender las adecuaciones a sus constituciones locales para adecuar la reforma judicial.
Para que las autoridades responsables sean notificadas oportunamente y para que la suspensión provisional de la reforma judicial se acate lo antes posible, el acuerdo judicial firmado por el juez García Contreras faculta al INE para que “haga uso de todos los medios jurídicos y materiales a su alcance” para lograr dicho objetivo.
De no cumplir con este ordenamiento, cada consejero del INE se haría acreedor a una segunda multa por otros 54 mil 285 pesos.
