La Fiscalía General de la República pidió 15 años de cárcel para Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la compra a sobreprecio de la planta chatarra AgroNitrogenados.
Se trata de la pena máxima para este delito que la Fiscalía puede pedir, pues según el Código Penal Federal, en su artículo 400 Bis, establece una sanción para este ilícito de los cinco a los 15 años de prisión.
Aunado a lo anterior, la FGR pidió al juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal Reclusorio Norte, que le sea decomisada una propiedad ubicada en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, con un valor aproximado de 3.4 millones de dólares, así como el pago por la reparación del daño por un total de 70 millones de pesos.
La FGR busca que el exdirectivo cumpla una condena de 54 años de prisión por los casos AgroNitrogenados y Odebrecht, luego de que por este último también pidió la pena máxima en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa que en suma son 39 años de prisión.
De acuerdo con las investigaciones, por este caso Lozoya es acusado de haber recibido presuntamente un soborno de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex comprará la planta en más de 200 millones de dólares que según la Auditoría Superior de la Federación era un inmueble chatarra.
Al respecto el mismo Lozoya durante una audiencia celebrada el 10 de noviembre afirmó: “todos los recursos que yo recibí de Altos Hornos de México y de otras empresas privadas en otros asuntos fueron previos a que yo entrara a Pemex [...] aquí no se está ‘amañando’ la ley ni se acepta responsabilidad en un delito que nunca sucedió”, dijo.
Por este mismo caso fue detenido el empresario Alonso Ancira, quien quedó en libertad luego de pactar la devolución de los 200 millones de dólares a las arcas públicas del país, de los cuales ya pagó más de 50 millones.
En lo que respecta a Lozoya, su caso dio un giro luego de que la FGR pidiera la prisión por ambos casos al considerar que había una “elevado riesgo de fuga” si se le dejaba en libertad para afrontar su proceso, lo que cambió desde el pasado mes de noviembre, fecha desde la que está recluido en el Reclusorio Norte.
De manera paralela la FGR inició una demanda de extinción de dominio contra el inmueble antes mencionado, que según las investigaciones de la Fiscalía fue adquirido por el exfuncionario luego de recibir un soborno por tres millones de dólares por parte de Alonso Ancira.
Por lo pronto corre un plazo en el que el juez deberá informar sobre esta acusación a Pemex y a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a la defensa legal de Lozoya quien deberá responder si acepta pagar estas condiciones, lo que lo dejaría en libertad por este caso o en su defecto continuar con la audiencia en el que ambas partes deberán debatir las pruebas para iniciar de manera formal el juicio.
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El exfuncionario había evitado pisar la cárcel desde su extradición de España en julio de 2020 con la promesa de entregar a la FGR evidencia que involucra a otros políticos en los sobornos de Odebrecht, y pese a que Lozoya ha acusado a personajes como Ricardo Anaya, en noviembre fue encarcelado.
También con la solicitud de estas sentencias, queda sin efecto, al menos de momento, el criterio de oportunidad para que el exdirector de Pemex se convierta en testigo colaborador.
