Dotar a los policías de más atribuciones en investigación de delitos, erradicando las torturas, para que logren una efectividad al nivel de Scotland Yard en Reino Unido, o los carabineros en Chile, es la propuesta que hace la Coparmex y la asociación The World Justice Project al Poder Legislativo para una Ley Nacional de Actos de Investigación del Delito, que homologue y consolide los criterios que deben regir las actuaciones policiales y la recolección de evidencia criminal.
“Dejamos sin regular a los policías en el Código Penal de Procedimientos Penales, eso quiere decir que la autoridad con la que tenemos más contacto, que es la policía, es la menos regulada”, señala Roberto Hernández, investigador senior de The World Justice Project.
La propuesta de Confederación Patronal de la República Mexicana es que se regule y establezcan protocolos para la entrevista policial a la persona investigada y a testigos, con la respectiva videograbación, procedimientos de arresto, con o sin orden de aprehensión, y su videograbación, el reconocimiento de personas (mediante testigos oculares), la inspección a personas y a vehículos, el cateo en espacios privados (como casas y oficinas), el tipo de registro, fidedigno y accesible, que debe generar por acto de investigación.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 del Inegi, hasta ese año únicamente 15 por ciento de los juicios por homicidio se presentan pruebas físicas. En 60 por ciento de los casos se recurre a testigos oculares. Ese problema, señalan, tampoco se resolverá con una fuerza militar.
A diferencia de Reino Unido donde la policía de Scotland Yard investiga los delitos, en México hay que explicarle a la gente que la policía no investiga ni genera evidencia, es el Ministerio Público, comentó Hernández.
“En el Reino Unido facultan a sus policías para hacer actos de investigación y tiene menos impunidad que México, en ese rubro México está empatado con Liberia y Venezuela, países que no tiene la fuerza y el potencial económico de México, es decir, el nivel de impunidad de nuestro país no corresponde con el tipo de nación que somos”. En el marco de la discusión de la Guardia Nacional, pidieron a legisladores que incluyan un artículo transitorio que mandate a que en los 120 días siguientes a la aprobación de la reforma constitucional se puede emitir esa ley.
“De no legislarse persistirán vicios en los temas de investigación criminal y, lo más grave, continuará una fuente de impunidad, ya que si la actuación policial es arbitraria, la evidencia recolectada es débil y los casos se caen antes de llegar a juicio o durante éste”, advierte Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex.
“La regulación existente hoy en día es deficiente por varias razones: no se desarrolla de forma exhaustiva los actos de investigación que realiza el Policía Primer Respondiente. No se contempla actos cruciales para la investigación, por ejemplo: arresto sin orden de aprehensión, a pesar de que sólo 13 por ciento de los casos se utiliza ese mecanismo legal para fundamentar la detención”.
Lo que se intenta, dicen, es erradicar la tortura que se da en los ministerios públicos donde los detenidos pasan hasta 72 horas antes de ser consignados ante un juez, porque es ahí donde se les sacan declaraciones a base de tortura.
