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El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que Miguel Alemán Magnani, exCEO de Interjet, registró el pasado 31 enero de 2021 la última salida del país desde el Aeropuerto Internacional de Toluca.
A través de un comunicado, el organismo señaló que se mantiene una alerta migratoria a su nombre, luego de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.
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Lo anterior con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades de procuración de justicia sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada, a través de los 194 puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional.
Fuentes judiciales confirmaron a El Sol de México que la FGR judicializó la carpeta de investigación en contra de Magnani, quien en febrero pasado fue denunciado por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de la Secretaría de Hacienda, ya que en 2018, en su calidad de vicepresidente de la aerolínea Interjet, no notificó a la dependencia federal sobre un total de 66 millones 285 mil 195 pesos en impuestos.
La denuncia fue presentada a partir de una denuncia ciudadana, donde se señala que Interjet no pagó al fisco dicha cantidad correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido a sus trabajadores en diciembre de 2018.
Como dio a conocer este diario, el 12 de agosto de 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que estaba en proceso de cobro un adeudo de Interjet.
Ese día se conoció que el SAT embargó a la aerolínea para forzar el cobro de deudas fiscales de 2013 y 2017.
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El SAT buscaba retener 10 por ciento de todos los ingresos en efectivo de la aerolínea para destinarlos al pago de impuestos pendientes, previo pago de salarios y gastos operativos.
En exclusiva, El Sol de México informó que Interjet se amparó para que no hiciera publico el embargo de sus cuentas bancarias y bienes que se hicieron en 2019 por un adeudo fiscal de más de 548 millones de pesos.
El gobierno federal, a través del SAT, decretó el embargo de Interjet el 26 de junio de 2020, y un día después designó a América González Avalos como depositaria de la empresa e interventora con cargo a la caja.
Inconforme con esto, la empresa se amparó en contra del acuerdo de nombramiento de depositaria e interventora con cargo a la caja de ABC Aerolíneas, sociedad anónima de capital variable, y contra el procedimiento a inscribir el embargo del que fue objeto ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es decir que se hiciera publico.
A través de sus apoderados legales, la aerolínea solicitó el amparo y la protección de la justicia federal por el embargo de las cuentas bancarias, el levantamiento de las actas de embargo practicado a la negociación y a los registros marcarios.
Sin embargo, en febrero de 2020, Interjet se desistió de la demanda de amparo que interpuso en contra del SAT sin que se hubiera llegado a dictar sentencia sobre la legalidad de la actuación del SAT.
En diciembre pasado cedió el control de Interjet a Alejandro del Valle, quien no pudo mantener a flote la empresa pese el anuncio de una inversión por 150 millones de dólares y se anunció su quiebra.
Interjet suspendió operaciones indefinidamente desde el pasado 18 de diciembre debido a los problemas financieros a los que se enfrenta con una deuda de más de mil 200 millones de dólares a empleados, acreedores y al fisco.
El 22 de marzo, Del Valle informó la intención de los accionistas de llevar a Interjet al concurso mercantil y acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, esto con el fin de inyectar recursos a la compañía para cumplir con sus compromisos financieros y hacerse de una flota de 15 aeronaves para reiniciar operaciones en la segunda mitad de este año.
En abril pasado, el juzgado sexto de distrito en materia civil en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de concurso mercantil en etapa de quiebra contra Interjet, comenzar la liquidación de sus bienes y saldar adeudos por mil 250 millones de dólares con proveedores y el fisco.
