Bajo el argumento de que el empresario mexicano, Alonso N, no tiene arraigo, pues posee dos domicilios en la Ciudad de México y uno más en Coahuila, y su capacidad económica podría ser un factor que le permita sustraerse de la acción de la justicia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez de control, José Artemio Zúñiga, la prisión preventiva justificada del ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
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El equipo legal de Alonso N, encabezado por José Luis Castañeda, pidió al juez permitir que su cliente cumpla su arresto domiciliario, dejando una garantía económica por 2 millones de dólares, la entrega de sus dos pasaportes, presentación periódica y el uso de un brazalete electrónico.
En la audiencia inicial desarrollada en el Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Norte, la FGR pidió la vinculación a proceso por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al detectarse que entrego sobornos a Emilio N, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a cambio de la compra-venta de la planta chatarra Agronitrogenados en el complejo Pajaritos en Veracruz.
La audiencia inicio la noche del pasado miércoles y se suspendió por problemas de salud de Alonso N, reanudándose este jueves a las 14:30 horas.
Fueron tres los argumentos que la FGR expuso ante el juez para pedir la prisión preventiva justificada: falta de arraigo, al contar con dos domicilios en la Ciudad de México y uno en Monclova, capacidad económica y se le condujo mediante extradición.
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Para atacar estos puntos, la defensa del empresario sostuvo que la capacidad económica no puede operar en contrario, máxime que es producto del trabajo de toda su vida y, que los domicilios que tiene, son de carácter particular y laboral.
A decir de los abogados, la prisión preventiva lo pondría en riesgo tanto por su edad, como por sus enfermedades degenerativas, y la pena que le podría corresponder por un delito, “no puede tomarse como una pena anticipada”.
Mientras que el recurso de súplica en España fue debido a que no estaba de acuerdo con el motivo de la extradición.
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El abogado José Luis Castañeda, pidió al juez que de aplicarse la prisión preventiva, permita que Alonso N cumpla su arresto domiciliario, dejando una garantía económica por dos millones de dólares, la entrega de sus dos pasaportes, presentación periódica y el uso de un brazalete electrónico.