El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar a la comunidad científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta corrupción y acusó que gozaban de mucha influencia y “agarraderas”.
Luego que un juez en el Estado de México negó en definitiva a la Fiscalía otorgarle órdenes de captura en contra de más de 30 integrantes del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), por haber cometido presuntamente delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita desde sus cargos, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la comunidad científica ha gozado de influencia para protegerse, mientras que la gente con menos recursos no puede defenderse.
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El mandatario había asegurado en días pasados que desconocía el caso de la investigación en torno a la presunta corrupción en la comunidad científica del Conacyt; sin embargo, este viernes dijo que María Elena Álvarez-Buylla, directora de este organismo, le entregó un reporte sobre las acusaciones que hizo en contra de los científicos.
Ante las críticas contra el Gobierno federal por la presunta persecución de la comunidad científica, el presidente justificó que hay mucha desinformación y que que “los del Conacyt tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenían que pagar del presupuesto hasta para sus lujos. Como tenían mucha influencia, buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios, con la intelectualidad orgánica, era como un chantaje y se le tenían que entregar los fondos”, acusó.
El documento que entregó Álvarez-Bulla al presidente fue presentado durante la conferencia de prensa del presidente y en él, se indica que entre los años de 2002 y 2018, se creó una asociación civil de miembros del Conacyt, la cual recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían: choferes, pago de teléfonos celulares, servicios de bocadillos y el salario de alrededor de 40 personas.
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En tanto, la comunidad científica y diversas instituciones como el CIDE han rechazado las acusaciones en torno a los señalamientos del Gobierno federal. Más de 600 académicos se pronunciaron en contra de las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR en contra de su comunidad.
Por su parte, la FGR, ante la negativa del juez para que se le otorgaran las órdenes de aprehensión, adelantó ayer que insistirá en que sean detenidos los científicos implicados en este caso.
Algunos de los 31 científicos acusados por Álvarez-Buylla son: Enrique Cabrero ex director general del Conacyt; Miguel Guajardo Mendoza, investigador del CIDE; Rosa Eugenia Sandoval Bustos, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Rice y maestra en Estudios de América Latina por la UCLA; Regina María Alarcón, química de la UNAM; Luis Gabriel Torreblanca, ingeniero de la UNAM y José de Jesús Franco López, doctor en física por la Universidad de Wisconsin-Madison y quien fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otros.
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