El exauditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y la exsecretaria de la Función Pública, Arely Gómez, se contradicen por la Estafa Maestra.

Mientras que Portal acusó que los tres titulares de la Función Pública de Enrique Peña Nieto, fueron omisos a las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, en las que señalaron irregularidades durante la gestión de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social y en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Arely Gómez dijo que abrió 87 investigaciones contra funcionarios de la Sedesol, Sedatu, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Fovissste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, Registro Nacional Agrario y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

“Ahora bien, hemos investigado qué se ha hecho a 87 servidores públicos de las diversas instituciones: Sedesol, Banobras, Fovissste, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, Sagarpa, Secretaría de Educación Pública, Registro Nacional Agrario e INEA. Al momento hemos emitido 17 resoluciones sancionatorias correspondientes a 17 servidores públicos”, defendió Gómez González durante su última comparecencia en la Cámara de Diputados, aquel 23 de octubre de 2018.

En el 2016 la ASF de Hidalgo advirtió a la Función Pública que Radio y Televisión de Hidalgo había recibido varios convenios por parte de la Sedesol por servicios de informática, los cuales contabilizaban cientos de millones de pesos y presumían una malversación de recursos públicos.

La SFP abrió la investigación, pero fue hasta después de la denuncia pública en septiembre del 2017, cuando emitieron dos inhabilitaciones por 10 años contra dos servidores públicos de Sedesol, uno de ellos, Gustavo Rodríguez, exdirector de Comunicación Social de Robles, quien pagó una multa de 210 millones de pesos.

De acuerdo con cifras de la Función Pública, en el proceso aplicaron 17 sanciones administrativas y 14 estaban sujetos a proceso administrativo, pero hasta la salida de Arely Gómez, archivaron 41 investigaciones por falta de elementos, es decir, casi la mitad.

No obstante, después del escándalo mediático blindaron la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.