Las armas que el cartel de Sinaloa utilizó para evitar la detención de Ovidio Guzmán Loera, el atentado contra el secretario de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, así como el homicidio de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en febrero de 2011 en San Luis Potosí, fueron adquiridas en Estados Unidos, y llegaron a nuestro país de manera ilegal, señala el gobierno mexicano.
En la demanda que presentó contra maquiladoras y distribuidoras de armas en la Unión Americana, el gobierno de la 4T señala que entre 70 y 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron objeto de tráfico, e identifica a Los Zetas, Caballeros Templarios, Cartel de Sinaloa, y Jalisco Nueva Generación como las organizaciones más beneficiadas por esta actividad.
La demanda presentada este miércoles ante una corte de Estados Unidos incluye a seis fabricantes con sede en Estados Unidos, cuyas armas son más recuperadas en México: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger.
Caso particular el del fabricante Barrett, responsable de fabricar y vender a ejércitos de al menos 30 países del mundo su rifle de francotirador, Barrret calibre .50, considerado un arma de guerra.
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Desde el 2019, el Ejército Mexicano desarrolla un prototipo de esta arma de fabricación nacional para terminar con la dependencia del fabricante estadounidense.
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El prototipo de fusil prevé una inversión estimada de 24 millones 186 mil 399 pesos para la adquisición de la infraestructura necesaria, la investigación y el desarrollo.
Este tipo de arma fue decomisada en el fallido atentado contra el secretario de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020.
“En un hecho que fue noticia internacional, el 26 de junio de 2020 asesinos disfrazados de trabajadores viales atacaron al jefe de policía de la Ciudad de México, Omar García-Harfuch, quien a pesar de resultar herido, sobrevivió; dos guardaespaldas y un transeúnte fueron asesinados”, menciona la denuncia.
En el ataque fueron utilizadas armas Barrett calibre .50, una pistola Smith & Wesson de 9 milímetros, una carabina Smith & Wesson de calibre 5,56 mm, un rifle Ruger de calibre 5,56 milímetros y una carabina Colt de calibre 5,56 milímetros, todas fabricadas en Estados Unidos.
Otro episodio documentado por el gobierno mexicano es el fallido operativo para detener al Ovidio Guzmán, El Ratón, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, donde sicarios utilizaron armas de alto calibre para amedrentar a la población y evitar que el Ejército Mexicano lo arrestara.
Las 139 páginas de la demanda de México y a las que tuvo acceso El Sol de México narran varios episodios que involucra el uso de armas de grueso calibre.
Se menciona el homicidio del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) Luis Zapata, ocurrido en febrero de 2011 en San Luis Potosí, y donde los sicarios, pertenecientes a los Zetas, utilizaron armas de origen norteamericano.
“En este caso ATF rastreó el arma utilizada en el asalto hasta un traficante que la había comprado, así como otras 39 armas, incluida una escopeta Century Arms, en el área de Dallas/Fort Worth”, señala el gobierno mexicano.
También destaca el caso de derribamiento de un helicóptero en septiembre de 2016 del gobierno de Michoacán, por el cártel de Los Caballeros Templarios con Barret calibre .50, hecha en Estados Unidos. El ataque dejo cuatro muertos.
Fabricantes fomentan tráfico ilegal de armas
De manera más clara, el gobierno mexicano asevera que durante decenios, el Gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una inundación de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde EU por la frontera y terminan en manos criminales en México.
“Esta inundación no es un fenómeno natural o una inevitable consecuencia del negocio de las armas o de las leyes de armas de EU, es el resultado previsible de la acciones deliberadas y prácticas comerciales de los acusados, quienes diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de la forma que conocen habitualmente".
“Los acusados utilizan traficantes de armas imprudentes, corruptos, peligrosos y prácticas de venta ilegales, de las que dependen los cárteles para obtener sus armas. Diseñan estas armas para ser fácilmente modificadas, disparar automáticamente y ser fácilmente transferible al mercado criminal”, señala el gobierno mexicano.
Acusa que maquiladores y armadoras estadounidenses producen más del 68% de armas traficadas, lo que significa que venden anualmente más de 340 mil armas, que fluyen desde sus plantas en Massachusetts y otros estados de la Unión Americana a los delincuentes al sur de la frontera.
En específico señala el modelo Barrett 82A1, que se vende al público en general sin restricción. Barrett sabe que sus distribuidores venden estas armas militares a traficantes, a menudo a granel, para armar a los cárteles, que los utilizan para luchar contra el Ejército y la Policía mexicanos, que están tratando de detener el tráfico de drogas.
Sin embargo, uno de los clientes de esta marca es el Ejercito Mexicano, que cuenta con varios de estos rifles del alto poder, pero que en sus misiones de vigilancia y patrullaje de zonas estratégicas de seguridad nacional opera con un déficit de 324 fusiles de precisión calibre .50, de acuerdo a funcionarios castrenses consultados.
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En los últimos años la Defensa Nacional ha adquirido equipo de la marca Barrett a un precio de 427 mil 376 pesos por unidad, por lo que a través de la Fábrica de Armas de la Dirección General de Industria Militar, que cuenta con la mayoría de la maquinaria necesaria para producir en serie este tipo de fusil, se busca producir un tipo Barrett con un costo aproximado de 70 mil pesos, más la adquisición de la mira telescópica por 45 mil pesos.
