La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades en la aplicación del Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en los estados de la República como cancelaciones de proyectos y falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros.
Por ejemplo, durante 2019 los estados de Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Tamaulipas no realizaron ninguna transferencia de recursos por concepto de remanentes y devoluciones al patrimonio del Fideicomiso.
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De esta forma, la ASF detectó que dichas entidades del país no cumplieron los acuerdos, lo cual evidenció la falta de mecanismos de control por parte de las entidades fiscalizadas para el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico.
"Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya mecanismos de control, apercibimientos y sanciones en el caso de incumplimientos a los acuerdos contraídos por los Comités Técnicos de los fideicomisos; a fin de que sus
integrantes y sus beneficiarios cumplan en tiempo y forma con dichos acuerdos", recomendó la Auditoría Superior de la Federación.
Además, según su informe, la ASF detectó debilidad en los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, respecto de la
información sobre los proyectos y los montos del fideicomiso, por lo que consideró necesario que los recursos se administren con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas.
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