La Auditoría Superior de la Federación detectó “cédula profesional apócrifa’’ en el Senado de la República, además de colusión de proveedores, sobreprecios, empleados en Senado y Cámara de Diputados, aviadores y familiares. Un total de 4 mil 829 personas de honorarios sin actividad documental.
En su informe de auditorías 2017, la ASF encontró que persiste una limitada rendición de cuentas de los recursos que son transferidos a la partida 39903 “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios” por 1,014.1 millones de pesos, que representaron el 22.1 por ciento del presupuesto total ejercido en 2017 por la Cámara de Senadores.
Respecto al ejercicio de los recursos personales, se detectaron 27 casos de servidores públicos que prestaron sus servicios, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sin que se demostrara su compatibilidad de empleos; veinte casos de personal de honorarios y de base que tienen parentesco con otros prestadores de servicios contratados por el mismo régimen laboral, quienes incluso laboran en la misma unidad administrativa o legislativa, así como 11 casos de personal que guarda parentesco con el legislador al que están adscritos.
Asimismo, se identificaron a 26 servidores públicos de los que no se cuenta con evidencia documental de su grado de estudios y, en un caso, la Cédula Profesional localizada en el expediente es presuntamente apócrifa.
En cuanto al personal administrativo por honorarios asignado a los Grupos Parlamentarios, Comisiones, y Unidades legislativas, no se cuenta con perfiles de puestos y tabulador, por lo que su contratación, remuneraciones y comprobación de servicios se efectúan de manera discrecional por el legislador o titular del área a la que están adscritos.
Respecto de las adquisiciones, se observó una posible colusión de dos proveedores que participaron en diversos procedimientos de contratación, toda vez que el proveedor adjudicado obtuvo los bienes de otro, para finalmente venderlos al Senado con un costo mayor.
El Senado adquirió bienes con dos empresas comercializadoras, quienes a su vez los compraron con un proveedor nacional que forma parte del padrón de proveedores del Senado, lo que ocasionó que dichos bienes se pagaran a un precio mayor.
Se detectó la existencia de un monto de 10.84 millones de pesos que derivaron de un procedimiento de depuración de cuentas y penalizaciones a proveedores que debieron ser reintegrados a la TESOFE.