Un tercio de los narcotraficantes que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador extraditó son integrantes del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR) el gobierno de la Cuarta Transformación entregó 194 personas acusadas de delitos contra la salud a Estados Unidos Colombia, Perú o Argentina, la mayoría operadores del Cártel de Sinaloa, seguidos de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del cártel de los Beltrán Leyva.
Además, hay otros 75 narcos en proceso de extradición, entre los que destacan los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, fundadores de Los Zetas, y Rafael Caro Quintero, quien fuera el narcotraficante más buscado por la Agencia Antidrogas (DEA) por su participación en el secuestro y asesinato del agente estadounidense, Enrique Kiki Camarena en febrero de 1985.
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El llamado “narco de narcos” fue capturado el 15 de julio del año pasado en el municipio de Choix, Sinaloa, y desde entonces permanece en el penal de El Altiplano en el Estado de México en espera de ser entregado a las autoridades estadounidenses.
Los procesos de extradición son considerados generalmente largos y su agilidad depende mucho de la voluntad política de los países implicados y de los resquicios legales en los que pueda ampararse el acusado. En el caso del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, ahora sentenciado a cadena perpetua en una prisión estadounidense, el proceso tardó un año.
David Saucedo, especialista en temas de seguridad, estima que las altas cifras de extradiciones de miembros del Cártel de Sinaloa, en comparación con otras organizaciones criminales, tiene su origen en la presión que ha ejercido el gobierno de Estados Unidos impulsada por la crisis de salud que padece ese país y más recientemente el período preelectoral.
“Estados Unidos no confía en el sistema judicial ni penitenciario de México por eso busca la extradición de narcotraficantes; así, además, los desliga de sus cárteles porque desde prisión siguen manejando las actividades criminales. Lo que hace Estados Unidos desde hace décadas es ampliar el radio de influencia de su aparato de justicia mediante extradiciones y el envío de agentes”, explicó el experto.
Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de El Chapo es el último integrante del Cártel de Sinaloa entregado por la Cuatroté a Estados Unidos y sin duda el de más relevancia, aunque la lista de extraditados incluye a delincuentes de todos los pesos.
Ovidio es acusado en EU de 11 cargos relacionados con el crimen organizado, lavado de dinero y posesión ilegal de armas. Además es identificado como el líder de la célula criminal de Los Chapitos a los que la DEA les atribuye la epidemia de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, que padecen los estadounidenses.
Sólo en lo que va del presente año, de acuerdo con la información de la FGR, son seis los narcotraficantes del Cartel de Sinaloa entregados por México frente a los tres del CJNG y los dos del cártel de los Beltrán Leyva, entre los que destacan Jorge Iván Gastélum Ávila El Cholo Iván, identificado como guardaespaldas y jefe de sicarios de Guzmán Loera.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia, Gastélum Ávila era uno de los principales asesinos del Cártel de Sinaloa y trabajaba estrechamente con Guzmán Loera. Presuntamente operaba como jefe de plaza de la ciudad mexicana de Guamúchil, Sinaloa, desde donde supervisó al menos a 200 hombres armados y controló las actividades de narcotráfico en esa ciudad y sus alrededores. Estados Unidos lo reclamó para que enfrente cargos por conspiración para el tráfico de drogas, lo que podría hacerle acreedor a cadena perpetua.
En enero del año pasado, acusado de traficar cocaína, metanfetamina y heroína, se extraditó a Nahúm Abraham Sicairos El Quinceañero, operador financiero de Dámaso López Serrano El Mini Lic, quien fuera uno de los cabecillas del Cártel de Sinaloa, mientras que en 2021 se hizo lo mismo con Jorge Humberto Pérez Cázares, alias El Cadete, presunto operador financiero de la organización y principal enlace con organizaciones de narcotráfico en Guatemala y Colombia para transportar cocaína desde estos países, pasando por México, hacia territorio estadounidense.
Aunque el Cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales más mermados por estos traslados, también se ha trastocado al CJNG, organización que dirige Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, la cual apenas el pasado 2 de agosto sufrió la extradición de Édgar Herrera Pardo El Cabo 8, uno de los líderes y de los hombres más cercanos al líder de la organización.
El Cártel del Golfo, La Familia Michoacana, Los Rojos, Los Laredo, Los Granado, Barrio Azteca, Los Zetas y el Cártel de Juárez son otras organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que el gobierno de López Obrador ha tocado con la extradición de algunos de sus integrantes.
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De acuerdo con Saucedo, la extradición de narcos, así como la contención de caravanas migrantes hacia Estados Unidos, han permitido al gobierno mexicano negociar otras concesiones económicas, comerciales e incluso políticas.
“Hace poco México recuperó la categoría 1 en materia de Aeronáutica; además están en proceso una serie de demandas en contra de nuestro país por las violaciones al T-MEC en el capítulo de energía y organizaciones no gubernamentales señalan con preocupación la situación de los derechos humanos. Entonces todo parece indicar que el gobierno de México está utilizando las extradiciones de narcotraficantes de alto perfil para negociar temas de la agenda bilateral”, consideró el experto.
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