La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la liberación de 24 personas inculpadas en el caso Iguala y reiteró la necesidad de que todos los procesos penales iniciados se fortalezcan probatoriamente y las nuevas consignaciones que se presenten se hagan de manera más sólida y mejor estructurada.
Señala que se debe aprovechar la integralidad de los elementos probatorios e información con la que se cuenta, mismos que en su mayor parte se detallan y relacionan en la Recomendación 15VG/2018, la cual aún no ha sido atendida ni cumplida.
El organismo nacional refiere que el riesgo de que las inconsistencias y fallas en las investigaciones y procesos penales pudiera propiciar la liberación de los presuntos responsables, fue señalado desde julio de 2015 y ratificado en la Recomendación que por violaciones graves a los derechos humanos se emitió en noviembre de 2018.
Destacó que la actual Fiscalía General de la República (FGR) debe actuar para subsanar tales situaciones, fortaleciendo, reencauzando o iniciando nuevos procesos penales, debidamente sustentados, que permitan reaprehender a quienes siendo responsables hubiesen sido liberados.
Insiste en que el hecho de que algunas de las pruebas existentes en el expediente se haya determinado que jurídicamente no son válidas, en tanto se habrían obtenido de manera indebida durante las investigaciones, no resta valor o anula al resto de las evidencias, información y elementos objetivos de convicción con que las autoridades cuentan, cuestión que debe ser señalada y defendida dentro de las causas judiciales.
De igual forma, el hecho de que se haya determinado llevar a cabo nuevas investigaciones, no puede significar que se dejen de lado los elementos y resultados de las realizadas previamente o que se abandonen los procesos iniciados con base en las mismas.
El Organismo Nacional vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de que se dé cumplimiento y se atienda el contenido de la Recomendación 15VG/2018.
En particular, deben seguirse las líneas de investigación que ahí se plantean y llevarse a cabo diligencias que podrían redefinir el sentido de todo el caso y los delitos por los que los presuntos responsables tendrían que responder, como lo son los exámenes genéticos a los múltiples fragmentos óseos que se encontraron y que, inexplicablemente, siguen sin llevarse a cabo.
"La verdad en el caso Iguala es una y no puede estar sujeta a coyunturas o intereses de ninguna índole, más que al compromiso de que las víctimas obtengan la justicia y reparación a la que tienen derecho".
"La investigación de las posibles irregularidades u omisiones en las que diversos servidores públicos podrían haber incurrido durante su participación en las diligencias del caso, o de la laxitud de algunas resoluciones judiciales, no debe distraer la atención del objetivo prioritario que es el evitar que este asunto quede en la impunidad" señala.