Luego de dos días de gestiones para conseguir y posteriormente le fuera aprobado el brazalete electrónico que estará obligado usar, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle salió del Reclusorio Norte este viernes tras casi año y medio en prisión por su presunta responsabilidad en el caso Odebrecht.
Minutos antes de la media noche, el exlegislador fue autorizado para abandonar la cárcel, con lo cual podrá continuar en libertad condicional el proceso en su contra por haber recibido presuntos sobornos para aprobar la reforma eléctrica del expresidente Enrique Peña Nieto.
El cambio de medida cautelar se da tras la petición de su defensa que argumentó un deterioro en la salud del exlegislador, así una vez con el aval de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez federal le concedió la prisión domiciliaria de tal manera que deberá portar el brazalete electrónico y tiene prohibido salir del país.
Hasta hoy, Lavalle es uno de los únicos dos exfuncionarios públicos junto al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que ha pisado la cárcel en México por el caso Odebrecht y la FGR aún lo vincula con actos de corrupción relacionados con la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el sexenio de Peña Nieto, acusaciones que se basan en las declaraciones que hizo Emilio Lozoya en agosto de 2020 buscando convertirse en testigo colaborador.
Según el exdirector de Pemex, Lavalle formaba parte de un grupo de senadores del PAN que pedía dinero y favores para aprobar la iniciativa promovida por el gobierno anterior en 2013, no obstante el proceso sigue sin novedades respecto a su culpabilidad. Apenas el mes pasado, el exsenador acudió a un Tribunal Colegiado para intentar obtener más tiempo en la investigación complementaria del caso.
De acuerdo con la defensa, el 14 de octubre de 2021 un juez del Reclusorio Norte cerró la investigación complementaria al argumentar que se había excedido el plazo máximo de seis meses, pese a que los abogados de Lavalle y la propia FGR solicitaron una prórroga.
Por ello, los abogados de Lavalle tramitaron un amparo en el que se quejaron de la resolución del juez, pues de acuerdo con el artículo 321 del Código Nacional de Procedimiento Penales, el plazo para la investigación complementaria debe terminarse en la fecha que indique el juez, salvo que el Ministerio Público, la víctima o el imputado hayan solicitado justificadamente una prórroga.
Sobre Lozoya, la semana pasada se supo que el Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México le concedió un amparo que dejó sin efecto la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta por el caso Odebrecht, con lo que ordenó se dicte un nuevo fallo para que permanezca o no en prisión mientras se continúan con las indagatorias.
