Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizarán dos proyectos cruciales para el gobierno federal. Por un lado, si se tomó la decisión correcta al cancelar el programa de estancias infantiles y si existe interés jurídico en analizar la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, que permite al gobernador electo ampliar su mandato de dos a cinco años.
Para las estancias infantiles, la Segunda Sala de la SCJN determinará si la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien negó la suspensión exigida por el alcalde de Hidalgo de Parral, Chihuahua, Alfredo Lozoya Santillán por la cancelación del programa de estancias infantiles, fue la correcta. La ponente revisora será la ministra Jazmín Esquivel Mossa.
Lozoya Santillán confió en revocar estas medidas del gobierno federal, pues el ministro instructor sólo analizó el primer escrito de la controversia, presentado por la reducción presupuestal; sin embargo, omitió pronunciarse respecto de las tres ampliaciones presentadas por la cancelación del programa, el impacto presupuestal que resintió el municipio y la reciente denuncia de contradicción que presentó la Secretaría de Bienestar federal.
En el caso de la Ley Bonilla, la SCJN analiza los recursos de reclamación interpuestos por los municipios de Mexicali y Tijuana, en Baja California, para que analice solamente el proceso legislativo, luego de que se desecharon por notoria improcedencia las controversias constitucionales. Los ministros adelantaron que aun en ese caso deben esperar a que el proceso legislativo concluya, lo cual no ocurrirá hasta su publicación.
