La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá hasta el próximo lunes la constitucionalidad y con ello la permanencia del Registro Público de Agresores Sexuales en la Ciudad de México.
Por el momento, los integrantes del Alto Tribunal del país eliminaron el acceso a que este Registro sea público, y sólo permitirá el acceso a las autoridades relacionadas con las investigaciones derivadas de delitos de abuso sexual, feminicidio, violación calificada, violación equiparada, violación simple y tentativa de violación.
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“Dejar dentro del dominio de las autoridades públicas el acceso al registro sigue permitiendo los fines para los que fue diseñado, en tanto que será factible que su información sirva a dichas autoridades para realizar las acciones preventivas y de protección necesarias para combatir la violencia sexual”, sostuvo la ministra presidenta Norma Piña.
Los ministros continuaron esta tarde con el debate iniciado el martes pasado, en el que la mayoría del Pleno se mostró en contra de la implementación de esta base de datos en la que se pueden localizar el nombre, alias, fotografía y nacionalidad de las personas sentenciadas por delitos sexuales incluso hasta 30 años después de salir de la cárcel.
Sin embargo, hasta ahora no se lograron los ocho votos necesarios para la eliminación del Registro y será el lunes cuando se definan los alcances de la votación de hoy.
Este tema se desprende de la acción de inconstitucionalidad 187/2020 y su acumulada 218/2020 promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) por considerar que el registro es violatorio de diversas garantías individuales.
Las comisiones argumentan que el que este registro sea público promueve un estigma en contra de las personas que fueron sentenciadas por delitos de índole sexual, aun si ya cumplieron su condena.
Esto, porque la legislación local actual establece que la persona sentenciada debe permanecer en el Registro durante la purga de su condena y entre 10 y 30 años más después de que obtenga su libertad, lo que desde su punto de vista genera discriminación e inseguridad jurídica.
El proyecto a cargo de la ministra Yasmín Esquivel se posicionó en contra de estas consideraciones, pues estima que a pesar de lo señalado por las comisiones, la base de datos tiene como objetivo proteger los derechos de las mujeres y ayudar a erradicar la violencia contra ellas.
“Me parece que, como Tribunal Constitucional, observamos que día a día mujeres y niñas pierden la vida, la mayor parte de las veces con extrema crueldad y, aunque es verdad que existen garantías constitucionales en favor de los sentenciados, que se han comentado aquí, tampoco debemos soslayar que sus derechos no tienen mayor importancia que los de las víctimas, y menos aún, que están por encima del dolor de tantas familias”, argumentó hoy.
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Por el contrario, otras posiciones de los integrantes del Pleno como la de la propia presidenta Norma Piña, reconocieron la necesidad de combatir la violencia de género, pero sin transgredir los derechos de otras personas, ya que ”en nuestra sociedad el antecedente penal sí suele ser un hecho que permite estigmatizar a las personas”.
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