La Suprema Corte admitió a trámite una controversia constitucional que promovió el actual gobierno de Baja California, Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid en contra de la Ley Bonilla.
José Fernando Franco González Salas, ministro de la Corte dio un plazo de 30 días al poder legislativo para que presente una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.
El ministro también solicitó las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo.
Además deberán de entregar diarios de debates y documentales de las que se advierta que dio vista con la reforma constitucional a los municipios del Estado, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa.
El pasado 16 de octubre, El Sol de Tijuana confirmó las acciones de "Kiko" en donde anunciaba que presentaría "una controversia de inconstitucionalidad, que tiene que ver con una modificación de procedimientos, en donde en la reforma se dijo claramente que no se podía hacer una modificación al término de dos años".
En su momento, Vega de Lamadrid afirmó que habló con el presidente López Obrador y
“Sí se comentó y me manifestó (López Obrador) a su vez también su opinión en el sentido de no estar de acuerdo con lo que está sucediendo", Dijo.
Ministro desaira a PAN
Por otro lado, el ministro desairó al Partido Acción Nacional (PAN) al rechazar la propuesta de detener la toma de protesta de Jaime Bonilla como nuevo gobernante de la entidad.
González Salas negó la suspensión a Marko Cortés al argumentar que el hecho de que el gobernador asuma sus funciones el 1 de noviembre del presente año no significa que quede sin materia las impuganciones presentadas anteriormente.
“En este sentido, tal como se precisó en el auto admisorio, no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento.