Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la demanda del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que se impugna el llamado "impuesto ambiental" impulsado en Baja California por el gobernador Jaime Bonilla.
La tarde de este jueves el máximo tribunal admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encabezada por Julio Scherer, en contra de la medida avalada por el Congreso local que desde mayo pasado grava a las gasolineras y expendedores de gas natural y gas LP.
"Se admite a trámite la demanda que hace valer contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo ambos de Baja California, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia", señala el acuerdo.
En la demanda el Gobierno de México alegó ante el máximo tribunal del país que el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera, así como sus consecuencias invaden competencias exclusivas de la Federación por lo cual es necesario anularlo.
La SCJN dio un plazo de 30 días al Jaime Bonilla y al Poder Legislativo de Baja California para que respondan la demanda y ordenó informar de este asunto al Congreso de la Unión para que conteste si su esfera de competencias fue invadida y de ser así tengan la posibilidad de sumarse a la controversia.
Tercera
Cómo adelantó El Sol de México, se trata de la tercera ocasión en menos de tres meses en que el gobierno de López Obrador acude ante la Suprema Corte para impugnar acciones del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
Hace 15 días la ministra Yasmín Esquivel dio entrada a la demanda del presidente, Andrés Manuel López Obrador contra la ley que en Baja California busca censar a los vehículos importados al país, entre ellos los que ingresaron ilegalmente o “autos chocolate”.
De esta forma Esquivel Mossa admitió a trámite la controversia constitucional 107/2020 con la que se busca invalidar la ley impulsada por el gobernador Jaime Bonilla con la que se creó el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California.
Unos días antes, a petición del presidente de la República, un ministro de la Corte suspendió el decreto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla para cancelar el cobro de la caseta ubicada en la Autopista Federal Tijuana-Ensenada.