La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, reiteró que la solicitud de 30 millones de dólares por parte de la petrolera y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para proceder a firmar un acuerdo reparatorio carece de sustento legal, por lo que, adelantó, el juez de la causa no lo aprobará.
Ante ello, la UIF respondió que el acuerdo reparatorio por el caso Agronitrogenados con Lozoya debe calcularse con base en todos los delitos cometidos.
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“El monto del probable daño a la nación por parte del procesado debe ser calculado analizando todas las consecuencias de las actividades ilícitas del C. Lozoya; en un procedimiento de reparación del daño se hace indispensable el acuerdo entre las partes”, dijo la UIF en un comunicado.
Según el organismo, derivado de una serie de investigaciones se detectó que Lozoya Austin recibió sobornos de por lo menos 15.7 millones de dólares tras la compra-venta de la planta de Agronitrogenados.
De este monto, 8.4 millones fueron de parte del vendedor de Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira, y el resto fue pagado por la brasileña Odebrecht, a la cual se le adjudicaron tres contratos por parte de Pemex.
La UIF añadió que de las actividades ilícitas del exdirectivo de Pemex se desprendieron también dos compras de inmuebles en el mercado mexicano por siete millones de dólares.
“El C. Lozoya, quien siendo director de Petróleos Mexicanos compró con sobreprecio la empresa Agronitrogenados, causó graves daños al patrimonio de esta entidad pública y, por ende, a la Nación”, puntualizó la autoridad fiscal.
La autoridad financiera recordó que Alonso Ancira pactó un acuerdo por 216 millones de dólares por el sobreprecio de la planta, del cual ya pagó 104 millones y el resto deberá quedar saldado el próximo 1 de diciembre.
Esta semana se dio a conocer que Pemex y la UIF solicitaron 30 mdd como reparación de daños a Emilio Lozoya por el caso de Agronitrogenados, un aumento de 200 por ciento frente al monto inicial.
Durante una audiencia celebrada el pasado 18 de julio, el juez Gerardo Genaro Alarcón López cuestionó a los representantes de Pemex y de la UIF la razón de por qué incrementaron el monto de la reparación, sin embargo, ninguno de los representantes pudo justificar con peritajes o documentación.
“Es ilegal”
Como lo hicieron el pasado martes durante y después de la celebración de la audiencia en el Reclusorio Norte, los abogados de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, reiteraron que el incremento de la cifra es ilegal, pues a pesar de incrementarse en 200 por ciento, las autoridades no otorgaron ningún documento que lo avale.
La reacción de los abogados se da luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara que el incremento de 10.7 a 30 mdd se tratara de una “extorsión”, como acusó el propio Lozoya ante el juez Gerardo Genaro Alarcón López.
“Yo pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión. Es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho. Claro, no intervino nada más el señor Lozoya, intervinieron otros, pero él mismo declaró cómo se manejó la relación con la empresa de Odebrecht (...) Entonces, sí tiene que aportar estos 30 millones de dólares”, dijo el mandatario.
En un comunicado, los defensores explicaron que, contrario a lo dicho por el mandatario, la celebración de un acuerdo reparatorio no permite a Lozoya Austin continuar con el proceso en libertad, sino que termina con el proceso en sí mismo.
“Es importante señalar que, en el marco de un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio, garantizar el pago de la reparación del daño tiene como efecto la suspensión en el ejercicio de la acción penal, que más adelante se extingue con el cumplimiento de los compromisos asumidos. Esto significa que no hay sentencia, condena, ni declaración de responsabilidad penal”, expusieron.
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Además, aclararon que la cifra original de 10.7 millones de dólares no fue propuesta por el exfuncionario de Pemex y que, en cambio, ésta fue establecida por los representantes de la UIF y la petrolera, tras la celebración de dictámenes sobre las presuntas afectaciones a la Hacienda pública derivado de la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados.
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