La defensa de Rosario Robles informó que acudió a la ciudad de Washington DC, a denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por considerar que actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa, al tiempo que solicito al organismo su apoyo para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato.
Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Rosario Robles Berlanga, en compañía de Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig abogado que reside en Washington, se presentaron en la sede de la CIDH para interponer la denuncia contra el Estado Mexicano, en específico contra el juez citado, por violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal.
El despacho de Julo Hernández, argumentó que si bien se reconoce que los hechos materia de esta denuncia se encuentran en trámite ante las diversas autoridades que señalamos en líneas superiores; sin embargo y tal y como se señala en los hechos materia de la presente denuncia, no cabe duda de que se trata de una detención ilegal.
“Motivo de un Tribunal de Estado, el cual pertenece al Estado Mexicanos, al igual que las mismas autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestión que haría nugatoria la protección de los derechos de la víctima”, señala en un comunicado.
Los defensores de Robles, afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que se contempla en nuestro ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva.
Por ello, sostiene que el juzgador cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, pues resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto.
Con la prisión preventiva, “se conculcan los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales de los que es parte México, en específico los principios de presunción de inocencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, defensa técnica y adecuada, acceso a la justicia y protección de injerencia arbitraria”.
Ante la CIDH los abogados presentaron pruebas y argumentos que dan fe de la ilegalidad con la que actuó el Juez, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con Dolores Padierna, y solicitaron a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.
Asimismo, pidieron se tome en cuenta que la hoy víctima se enfrenta a una situación especialmente grave, ya que la tienen detenida de forma arbitraria, en ausencia total de datos de prueba que justifiquen una prisión preventiva y declarando dogmáticamente que hay riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, cuando su conducta procesal y el cúmulo de pruebas aportadas demuestran exactamente lo contrario.
Hernández Barros y Olea Trueheart pidieron a la CIDH emitir la recomendación correspondiente a las autoridades que resulten responsables por la violación a los derechos humanos de su defendida y conceder con la urgencia que el caso amerita las medidas cautelares que se solicitan, tomada consideración que la señora María del Rosario Robles Berlanga, se encuentra indebidamente privada de su libertad.
