En un lapso de 11 años y tres meses (2010 a marzo de 2021), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció penalmente a 11 jueces y 14 magistrados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones en contra de algunos impartidores de justicia se deben a que concedieron amparos a integrantes de la delincuencia organizada, crecimientos inexplicables en su patrimonio, casos de hostigamiento sexual y por su presunta relación con los dueños de gasolineras que vendían combustible robado, indica la respuesta de la Judicatura a una solicitud de transparencia.
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Hasta el momento, el único magistrado que ha sido detenido y encarcelado es Isidro N, quien fue aprehendido en el año 2019 por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y está preso en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.
No sólo jueces y magistrados están en la mira del CJF. La dependencia informó que en el mismo lapso de tiempo otros 82 servidores públicos, entre secretarios de tribunal y juzgado, actuarios, secretarios particulares y oficiales administrativos, también fueron denunciados penalmente ante la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero.
Entre las conductas detectadas en este personal, y que podrían ser constitutivas de delitos, destacan presentar títulos profesionales apócrifos, ofrecer plazas a cambio de dinero, amenazas o tocamientos a servidoras públicas y utilizar ilícitamente información del Consejo de la Judicatura Federal.
Algunos de estos servidores públicos también han sido denunciados por quedarse con parte del sueldo o remuneración de sus subalternos, por no acreditar el crecimiento de su patrimonio y por inducir a particulares a ceder sus acciones de empresas bajo amenazas.
JUECES CORRUPTOS
El órgano encargado de garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los integrantes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito federales también informó que el año pasado suspendió de sus funciones a siete magistrados y tres jueces, destituyó a dos magistrados e inhabilitó a cinco más.
Y en los tres primeros meses de este año ya suspendió a dos magistrados, destituyó a un magistrado y dos jueces e inhabilitó a un secretario en funciones de juez al detectar conductas irregulares en el desempeño de sus funciones.
Destacó que entre los servidores sancionados en 2020 se encuentra un magistrado inhabilitado el 24 de febrero por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales; otro suspendido el 25 de marzo por presuntos actos de violencia física, moral y sexual en contra de una colaboradora, y un juez destituido en abril por hostigamiento sexual.
En mayo de ese año, la Judicatura igualmente destituyó a un secretario en funciones de juez por otorgar nombramientos a su hija, y a un juez por “errores inexcusables”. En este último caso, el juzgador puso en libertad, en lugar de vincular a proceso, a personas involucradas en el acopio y transporte de armas de fuego y cartuchos.
Uno de los casos más sonados de corrupción al interior de la Judicatura fue la filtración y comercialización de los exámenes del vigésimo octavo concurso interno para ocupar plazas en el Poder Judicial, por lo cual se impusieron sanciones a los servidores públicos involucrados y se inhabilitó por 10 años a un magistrado de Circuito.
“Esta decisión concluyó con uno de los episodios más lacerantes en la historia del Consejo de la Judicatura Federal. No se tolerarán conductas similares en el Poder Judicial de la Federación”, dijo el ministro Arturo Zaldívar en su segundo informe de labores.
Otro caso fue el del exdirector general de Inmuebles y Mantenimiento, conocido como “el cajuelazo” porque se le descubrieron cuatro millones de pesos en la cajuela de su auto, en febrero de 2017. Fue hasta 2020 que se le inhabilitó por 20 años y se le sancionó con una multa de 3.49 millones de pesos.
Otro juez de Coahuila recibió más de 50 denuncias por supuestos nexos con dueños de gasolineras que solicitaron amparo para evitar el cierre de sus instalaciones luego de que se detectara la venta de huachicol.
Desde hace dos años, la organización México Justo propuso ampliar los requisitos para ser magistrado como forma de terminar con la corrupción y el nepotismo al interior del Poder Judicial.
Su presidente, Juan Carlos Pérez Góngora, señaló que combatir ambos problemas es un objetivo fundamental para que la sociedad vuelva a confiar en el Poder Judicial, cuyas autoridades hoy ocupan el tercer lugar en la percepción de corrupción de los mexicanos.
En abril de este año, el Senado de la República aprobó la reforma que crea la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial, con la que se busca erradicar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados mediante sanciones severas que van desde el retiro temporal hasta la inhabilitación de los servidores por 20 años.
Cabe destacar que la reforma también obliga a los juzgadores y empleados del Poder Judicial federal que hayan aceptado sobornos o hayan incurrido en tráfico de influencias, a restituir dos veces los beneficios que hubieran obtenido para sí o un tercero, además de pagar una indemnización en caso de haber provocado un quebranto a la Hacienda Pública Federa, local o municipal.
También prohíbe a jueces y magistrados contratar a sus familiares, amigos y allegados y establece que todos los cargos se obtendrán a través de concursos de oposición.
