El Gobierno de México descartó este martes un acuerdo con los fabricantes de armas de Estados Unidos, que demandó por negligencia en la comercialización de sus productos que favorecen el tráfico ilegal al país y van a dar a manos del crimen organizado, informó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería.
En videoconferencia de prensa desde Washington, donde siguió de manera virtual la audiencia en la que las ocho armadoras estadounidenses presentaron hoy sus argumentos en la demanda mexicana, el funcionario de la Cancillería agregó que confían plenamente en los argumentos legales presentados por los abogados que contrató el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar el litigio, ya que sustentan de manera adecuada la acusación de negligencia.
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“Las instrucciones que tengo como el coordinador del litigo es llevar este asunto a sus últimas consecuencias ante las instancias judiciales correspondientes, así es que por lo pronto no contemplo cambiar eso hasta que reciba instrucciones en contrario y nos sentimos muy confiados en los argumentos legales”, respondió Celorio a la presunta sobre un posible acuerdo con las armadoras estadounidenses.
“Fue una discusión sobre cuestiones técnico-legales, no hubo ningún comentario respecto a cuestiones políticas, o de la frontera o de aduanas, simplemente argumentos legales”, agregó.
México reclama que medio millón de armas cruzan la frontera ilegalmente cada año y estima el daño de la violencia en dos puntos porcentuales del PIB.
La indemnización que exigen los litigantes mexicanos está en el orden de los 10 mil millones de dólares, bajo el argumento de que las armerías no solo son conscientes del tráfico hacia el país, sino que lo alientan de forma negligente con campañas publicitarias y productos especialmente diseñados para atraer a los grupos criminales.
Entre las ocho compañías demandadas están algunos de los líderes del mercado de las llamadas armas ligeras como Beretta, Smith & Wesson, Colt y Glock. Prácticamente siete de cada diez armas ilegales en nuestro país son producidas por estas compañías.
Los fabricantes responden que no hay evidencia suficiente para responsabilizarles del uso inadecuado de sus armas, que el caso no cae en la jurisdicción de Massachusetts, donde muchas de las empresas demandadas tienen su sede.
La Corte tiene que decidir precisamente eso: si un país extranjero puede demandar a los productores de armas en Estados Unidos por daños perpetrados en el extranjero, en este caso México.
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Celorio confió en que el juez le dé la razón a México y adelantó que de caso contrario recurrirán a la apelación. “Esperamos que el juez resuelva a nuestro favor. Por la complejidad del caso, no esperamos una resolución de un sí o no, pero esperamos que el juez nos permita continuar. Las circunstancias de este litigio son propias y particulares de México”.