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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinará todas las áreas de la Policía Federal (PF), corporación en proceso de extinción, sobre todo la de 2015, 2016, 2017 y 2018, donde se han detectado deficiencias en el ejercicio de sus recursos para hospedaje, alimentación, adquisición de vehículos y aeronaves, así como adquisición a sobreprecio de un equipo de análisis de información.
En especial se analiza lo referente a la compra en 2015 de un sistema de inteligencia conocido con el nombre de “Rafael” encargado del análisis, diseño e implementación de información de inteligencia, por el cual se pagaron dos mil 458 millones de pesos.
De acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de Seguridad (ahora SSyPC) contrató el 23 de diciembre de 2015 dicho sistema, “sumamente potente”, cuyo objetivo es el análisis, diseño e instrumentación del sistema de información de inteligencia, el cual se habría adquirido con sobreprecio.
“Se adquirió por dos mil 458 millones de pesos, cuatro veces su valor real presuntamente a una empresa israelita quedando un adeudo por mil 300 millones de pesos, aproximadamente”, informó el titular de Seguridad.
Durante la presunta compra, el encargado de la CNS era Monte Alejandro Rubido, en cuya gestión escapó Joaquín Chapo Guzmán del Penal de La Palma en el Estado de México, y que por ello fue cesado de su cargo.
Durazo Montaño explicó que este producto de inteligencia se adquirió a través de la partida 33-701 de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, “sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, violando los procedimientos establecidos en la norma, provocando pagos en demasía y quedando un adeudo por mil 300 millones de pesos, aproximadamente”.
Por ello dijo, ya se interpuso una denuncia el pasado 7 de febrero ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por presuntas irregularidades en la contratación de este equipo, además de que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra quien resulte responsable y dijo que las estimaciones preliminares señalan la adquisición a sobreprecio; el costo real en el mercado sería apenas una cuarta parte de lo que se pagó.
Será la propia SFP quien se encargará de la liquidación y transferencia de recursos materiales y humanos de la Policía Federal a la Guardia Nacional.
Agrega que en la adquisición de este producto, el contrato fue celebrado de manera plurianual y no fue localizada la justificación/autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni el informe que se debió haber presentado en su momento a la Secretaría de la Función Pública ante la celebración del mismo.
Al hacer un análisis detallado de las cuentas públicas dadas a conocer por la ASF, se señala que en el periodo de 2010 a 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves le autorizó a la Policía Federal la adquisición de 40 autos por 83 millones 446 mil 900 pesos.
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