Esta mañana el juez federal Enrique Beltrán dictó auto de formal prisión José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, y presunto autor intelectual del asesinato de seis jóvenes normalistas de Ayotzinapa luego de que fueron privados de la libertad el 26 de septiembre de 2014.
Rodríguez Pérez permanece preso en la cárcel del Campo Militar 1-A desde el pasado 14 de septiembre, cuando se entregó de manera voluntaria la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a las acusaciones en su contra por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
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De acuerdo con fuentes federales, junto al capitán José Martínez Crespo y el sargento Eduardo Mota Esquivel, el excomandante de la Secretaría de la Defensa Nacional es acusado por el delito de delincuencia organizada por sus presuntos nexos con el grupo criminal conocido como “Guerreros Unidos”, sin embargo, a los dos primeros también se le imputa el cargo de desaparición forzada.
El 26 de agosto pasado, a pocos días de presentar el más reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que Rodríguez Pérez habría sido el responsable de ordenar la muerte de seis jóvenes normalistas que permanecían con vida días después de su desaparición forzada.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de Gobernación señaló que “los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos (la noche del 26 de septiembre de 2014) y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes de El Coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”.
Dicha declaración sería la primera vez que el Gobierno federal relacionó a un mando militar con la desaparición y muerte de los jóvenes normalistas. Más tarde ese fin de semana se sabría de 83 órdenes de aprehensión giradas contra exfuncionarios y presuntos miembros del crimen organizado por su responsabilidad en los hechos.
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Entre ellos, al menos 20 mandos militares y de tropa por su negligencia ante la desaparición de los jóvenes o que habrían estado coludidos con Guerreros Unidos, grupo criminal al que se le imputa la responsabilidad.
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