El exdirector Jurídico de la cooperativa La Cruz Azul, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR), pagar 5 millones de pesos por concepto de reparación del daño por las conductas en las que indirectamente participó, pero que presenció durante años.
La propuesta también fue hecha por el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda, quien pidió a la FGR acceder a un criterio de oportunidad con el fin de que se extinga la acción penal en su contra, a cambio de información que lleve a la judicialización de carpetas de investigación.
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Borrell Rodríguez pide que se cancele la orden de aprehensión que se libró en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita como parte de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), contra directivos de la cooperativa.
Explicó que desde que se hizo cargo de la dirección jurídica, comenzó a inmiscuirse en los temas de dicho cargo, y en el 2012 fue convocado a una reunión con los hermanos José Alfredo y Guillermo Álvarez Cuevas, Víctor Garcés Rojo, y el licenciad ángel Martín Junquero, pidiéndole que los apoyaran en obtener recursos de la cooperativa sin que pudieran ser auditados o seguir el rastro del dinero para ocultar su origen o destino.
Le indicaron que el dinero iba a ser destinado para repartir a los socios por concento de “bonos” e incluso a diversas autoridades y que sería Junquera quien operaria todo el esquema.
Más adelante, aseguró que cuando menos durante cuatro años, del 2014 al 2018, recibía cada mes de Ángel Martín Junquera, cantidades de dinero que eran entregadas a Guillermo Álvarez, quien a su vez lo repartía entre su hermano José Alfredo y Manuel Garcés.
Borrell Rodríguez, se comprometió ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, a realizar el pago, a través de uno o varios cheques de caja o certificados, una vez que ya no esté vigente la orden de aprehensión que se libró en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/311/2020.
La misma propuesta fue hecha por el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda quien pidió a la FGR acceder a un criterio de oportunidad con el fin de que se extinga la acción penal en su contra a cambio de información que lleve a la judicialización de carpetas de investigación.
En su escrito, Sepúlveda señala que las entregas de enero se realizaron durante seis años, 2014 al 2019, por un monto de 52 millones 421 mil 500 pesos, en cantidades mensuales que iban desde los 200 mil hasta los 2 millones 400 mil pesos.
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Incuso refiere que el 30 de junio de 2004 se modificó el fideicomiso que se constituyó en junio de 1993, para que los pagos de las pólizas de seguro se realizarán a la firma Impulso Agentes de Seguros y Fianzas, cuyo representante es Carlos Javier Torroba Wolff, quien se encuentra vinculado con Víctor Manuel Garcés.
En sus escritos, ambos dan a conocer que las empresas. Expertos en Asesoría Empresarial, K&C Consulting, Asesorías Profesionales Eicer, Plexival, Trans Nau, Aura Desarrollo Social, Servicios Profesionales Baal, Corporativo Facundia, Hesperia Imagina y Margen Asesores, fueron utilizadas por los directivos para la triangulación de recursos.
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