Amado Omar Yáñez Osuna, dueño de la empresa Oceanografía, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el estudio de un amparo que promovió contra la acusación que pesa en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada por más de 100 millones de pesos.
“Con fecha de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se terminó de engrosar la sentencia de tres del mes y año citado en la que se resolvió: Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ejerza facultad de atracción”, se puede leer en registros del Consejo de la Judicatura Federal.
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Desde el 2 de diciembre de 2020, la Procuraduría Fiscal de la Federación logró vincular a proceso al empresario por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada, por declarar ingresos acumulables por 68 millones de pesos cuando según las autoridades obtuvo ingresos por 395 millones.
Luego de ello, Yáñez Osuna intentó aclarar dichos señalamientos argumentando que recibió “préstamos” por parte de su empresa, los cuales no declaró bajo este rubro, y que además recibió “pagos por concepto de sueldos y salarios” de la empresa Soluciones Dinámicas para la Competitividad S.A. de C.V., que tampoco pudo acreditar.
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Precisamente en contra de su auto de vinculación a proceso fue que el empresario presentó el amparo 324/2021 en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, con el cual buscaba impugnar la vinculación, pero recurso que le fue negado por las autoridades.
Fue así que el 21 de septiembre del 2021 presentó su expediente ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el expediente 168/2021, con el cual buscaba impugnar el fallo anterior, pero que esta semana dio cabida a turnar el asunto a la Corte.
¿Qué es Oceanografía?
La empresa Oceanografía fue una de las mayores contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, en la que obtuvo al menos 106 contratos por 45 mil 986 millones de pesos.
Pese a que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas anomalías en dichos contratos, no fue sino hasta el 11 de febrero de 2014, ya bajo la administración de Enrique Peña Nieto, que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía para realizar contratos con el Gobierno federal.
Una vez conocida la inhabilitación de la empresa, Banamex inició una revisión detallada del financiamiento que otorgó a esa compañía, lo que desembocó una denuncia formal presentada el 28 de febrero de 2014 ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) por los presuntos desvío de recursos y fraude por más de 585 millones de dólares.
Sobre este asunto la defensa de Yáñez ha asegurado que “dicha denuncia sigue sin acreditarse”.
Ocho meses después Yáñez fue aprehendido, aunque luego liberado bajo fianza en abril de 2017. Tres meses después se levantó el aseguramiento de Oceanografía y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le devolvió la compañía.
Al momento de que el SAE entregó la empresa a Yáñez Osuna se encontraba en proceso de quiebra, con la flota en grave deterioro y multimillonarios pasivos, así como con miles de empleados en las calles que reclamaban su salario.
La investigación realizada por Citibanamex y Pemex llegó a la conclusión de que sólo 185 millones de dólares, de un monto total de contratos entre ambas partes por 585 millones de dólares, estaban debidamente sustentados. Esta situación mantiene tanto a Banamex como a Oceanografía hasta el día de hoy en litigio.
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