Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, consiguió un amparo para descongelar las cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La esposa del exsecretario de Seguridad Pública obtuvo el amparo por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, luego de que la UIF la incluyera en la lista de personas bloqueadas desde el 9 de diciembre de 2019.
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De acuerdo con la UIF, Pereyra, que fuera socia de García Luna en la empresa GLAC, está acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La UIF había incluido a Pereyra Gálvez en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna”, señaló Hacienda.
Asimismo, detalló que la esposa de García Luna, acusada de desviar recursos públicos, también enfrenta una demanda en una corte civil en Florida, Estados Unidos con la finalidad de repatriar a México más de 745 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario y trasladados a Miami.
Este martes, su esposo fue encontrado culpable por cinco delitos relacionados a vínculos y sobornos con el narcotráfico que permitieron su operación ilegal en el país, luego de que Pereyra subiera al estrado como la única testigo de descargo en contra del exfuncionario mexicano.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su gobierno dará seguimiento al caso del exsecretario de Seguridad Pública, pues buscará recuperar más de 745 millones de dólares.
El gobierno federal acusó que García Luna habría construido una “red de corrupción” y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, por lo que ingresó una demanda civil en Florida para recuperar todo ese dinero desviado a través de compras de inmobiliario, vehículos de lujo y colección, entre otros.
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"Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares", indicó Pablo Gómez, titular de la UIF el pasado 9 de febrero.