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Familiares de Digna Ochoa y defensores de derechos humanos manifestaron su confianza en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendará al Estado Mexicano reabrir el caso, el cual se cerró hace 11 años, cuando se descartó definitivamente el homicidio.
En conferencia de prensa virtual, reiteraron que la activista fue asesinada el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma, como una consecuencia de su lucha por la defensa de los derechos humanos y que no se trató de un suicidio, como se determinó por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que encabezaba Bernardo Bátiz.
El asunto será abordado por dicho organismo internacional durante una audiencia a efectuarse el lunes 26 y martes 27 de abril, cuando se discuta si la investigación de su muerte se hizo bien o mal y revisará si se actuó con perspectiva de género.
Al respecto, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la víctima, ratificó que ella fue asesinada, que no tiene duda de que la CIDH recomendará reabrir el caso, lo cual será un triunfo legal y sentimental.
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Señaló a Renato Sales Heredia, entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGJDF, como el autor de la hipótesis del suicidio simulado, luego de que descartó la línea de investigación que implicaba al Ejército, y esto fue seguido por Margarita Guerra y José Antonio Pérez Bravo, agentes del Ministerio Público.
“Aparte de pedir justicia, pedimos castigo para los responsables que hicieron mal su trabajo. Esa es la posición de la familia”.
Por su parte, Karla Michel Salas, defensora de derechos humanos, consideró que el estado mexicano tendrá la oportunidad de rectificar y recordó que en su momento, Ernestina Godoy, hoy fiscal general de Justicia local, se pronunció por justicia para Digna Ochoa y exigió a las autoridades capitalinas investigar su asesinato y hoy, expresó, tiene la posibilidad de materializar esa demanda.
Sostuvo que el caso no se investigó adecuadamente, porque se centró en su vida personal, se le estigmatizó y enlodó su trabajo, pero no se abordaron sus actividades profesionales en la que representó casos emblemáticos y se enfrentó a militares y caciques.
Agregó que fue amenazada, hostigada, secuestrada y agredida, lo cual no fue indagado por las autoridades ni en su momento atendidas, por lo que se autoexilió en Washington.
En el año de su muerte, Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno capitalino, y Bernardo Bátiz, titular de la PGJDF; mientras que en 2011, Miguel Ángel Mancera, entonces procurador general de Justicia local cerró la investigación.
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