Por segundo día consecutivo, la Fiscalía General de la República (FGR) descalificó el trabajo del juez Roberto Omar Paredes Gorostieta, quien este viernes absolvió a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, por el caso conocido como la “Estafa Maestra”.
En un extenso comunicado, la FGR señaló la resolución del juzgador como “un acto de injusticia inaudito” que desde su punto de vista carece de fundamento, a pesar de que Paredes Gorostieta se tomó más de dos horas para deliberar y una más para explicar su fallo.
“El sobreseimiento decretado por dicho juez (...) es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes. Y declarar que eso ‘no constituye delito’, es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”, afirmó la FGR.
La institución argumenta que el ejercicio indebido del servicio público del que se le acusa a Rosario Robles es un delito contemplado en el Código Penal Federal, el cual, en caso de ser considerado como falta administrativa, puede ser sancionado por las dos vías, es decir, con cárcel y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Lo anterior, con base el artículo 118 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el cual establece que “las sanciones e indemnizaciones (...) se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil” y no una o la otra, como sostuvo el juez.
Sin embargo, la Fiscalía omitió mencionar que la elección de Paredes Gorostieta fue en acatamiento de la orden emitida el 26 de enero pasado por un Tribunal Colegiada, el cual pidió al juzgador definir si la acusación era un delito o una falta administrativa tomando en cuenta el principio pro persona.
Esto es que debía resolver en favor de la sentencia menos dañina para los derechos de Rosario Robles, que en este caso es la posible inhabilitación para ejercer un cargo público en caso de que sea encontrada culpable.
Además, como lo resaltó el juez antes del término de la audiencia, su fallo no es definitivo, pues la FGR aún puede apelar ante un juzgado en materia de amparo.
“Es lo bello de los Tribunales”, bromeó.
La FGR acusa a la exfuncionaria federal de haber sido omisa del desvío de recursos que ocurrió en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mientras ella ejerció la titularidad entre 2012 y 2018, hecho conocido como la “Estafa Maestra” y por el que se malversaron más de 5 mil millones de pesos sólo en esas dos dependencias.
El mecanismo utilizado por el Gobierno federal fue identificado primeramente por la Auditoría Superior de la Federación en la entrega de las cuentas públicas de 2013 y 2014, ahí advirtió que al menos 11 dependencias firmaban convenios con universidades públicas por servicios que éstas no podían realizar.
Eso ocasionó que a su vez las casas de estudios contrataran a un tercero para cumplir con lo requerido, sin embargo, lo hacía regularmente con empresas que no contaban con la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios o no existían.
Además de Sedesol y Sedatu, este modus operandi de triangulación y desfalco de recursos públicos lo realizaron instituciones como el Banco Nacional de Obras, que entonces presidía el hoy gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y Pemex, durante la gestión de Emilio Lozoya.
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