La Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir sus expedientes a dos legisladores independientes sobre las denuncias interpuestas contra funcionarios que supuestamente beneficiaron a la empresa OHL México.
Así lo ordenó el Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal, al concederle un amparo al senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza y a la diputada independiente, Ana Lucia Riojas Martínez para que la FGR les reconozca el carácter de víctimas y brinde acceso a cuatro carpetas de investigación relacionadas a OHL México.
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Ante la negativa de la fiscalía de reconocer a los quejosos el carácter de víctimas, el tribunal colegiado resolvió que resulta inconstitucional, ya que “los actos de corrupción constituyen actividades nocivas que lesionan o ponen en riesgo tanto a las instituciones, actividades y recursos del Estado, que impactan desfavorablemente en un amplio sector de la sociedad o en la totalidad de ésta”.
En noviembre de 2018, ambos los legisladores presentaron cuatro denuncias en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos actos de corrupción por parte de la empresa OHL México.
El Tribunal aduce que los actos denunciados ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy fiscalía General, consisten en actos de corrupción relacionados con el desvío de recursos públicos federales por parte de diversos servidores públicos en colusión con personas morales suscitados en las diversas concesiones otorgadas a dicha empresa para la construcción, uso y explotación de diversos tramos carreteros en nuestro país.
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“Siendo que la corrupción es un asunto de evidente interés público que a todos nos afecta, el derecho a que se reconozca a una persona física o moral la calidad de víctima en un procedimiento penal tiene sustento en los artículos 20 apartado ‘C’ de la Constitución Mexicana, 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en particular el 4 de la Ley General de Víctimas” señala el tribunal.
En 2018 Álvarez Icaza, presentó ante la entonces PGR cuatro denuncias penales contra del hoy ex Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) Gerardo Ruiz Esparza, fallecido el 1 de abril del 2020, por presuntos sobornos y transferencia ilegal de recursos, relacionados con la constructora española Aleatica, antes OHL.
Acusó al funcionario federal de desviar 3 mil 600 millones de pesos a la campaña del ahora gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por las concesiones de las autopistas federales Amozoc-Perote y Atizapán-Atlacomulco.
Argumentaron que el dinero probablemente sirvió para financiar campañas del gobierno del Estado de México, recursos que también beneficiaron a funcionarios de la SCT.
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Mencionan también un probable pago de 1.4 millones de euros que OHL México realizó en España para favorecer al Partido Popular.