Durante el primer año de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte, cuatro magistrados fueron acusados penalmente por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En el primer informe de actividades del ministro presidente Zaldívar, se señala que de enero a la fecha fueron destituidos dos magistrados de circuito, uno más suspendido y a cuatro más se les amonestó públicamente. También fueron destituidos dos jueces de distrito y uno inhabilitado. Además 50 juzgadores fueron cambiados de adscripción al detectarse una situación de riesgo de conflicto de interés al contar con un elevado número de parientes en la sede de su adscripción.
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De las denuncias más importantes en contra de magistrados destaca la de Isidro Avelar Gutiérrez, detenido y sujeto a proceso penal por su presunta relación con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al detectarse irregularidades financieras en su patrimonio financiero, por más de 100 millones de pesos.
Paralelamente, el Consejo de la Judicatura Federal ha desahogado 125 solicitudes ministeriales relacionadas con investigaciones sobre hechos delictivos atribuidos a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.
Una de las acciones para identificar posibles conflictos de intereses o presuntos actos de corrupción fue la aplicación del Programa de Verificación de Situación Patrimonial 2018, durante ese ejercicio se seleccionó aleatoriamente a 748 mandos medios y 252 de niveles operativos.
En total se llevaron a cabo 72 estudios de evolución patrimonial para la ratificación de juzgadores federales y se concluyó la atención de 96.25 por ciento (283 de 294) del total de los asuntos encomendados para el presente ejercicio.
Esto derivo en mil 360 requerimientos a diversas autoridades, para la recopilación de información patrimonial, de los cuales se recibieron 108 mil 810 fojas para su análisis y se emitieron 257 dictámenes de corroboración patrimonial.
En los criterios para las readscripciones, se tomó en cuenta el exceso de familiares de titulares en un mismo circuito lo cual “constituye una necesidad del servicio que justifica el ejercicio de la facultad de adscripción”.
En el caso del circuito de Jalisco, -donde se ha detectado presuntas relaciones de jueces y magistrados con el narcotráfico- se verificó la existencia de indicios objetivos de riesgos de corrupción sistemática que constituyen una necesidad del servicio que justifica el ejercicio de la facultad de adscripción.
El CJF advierte que este circuito se había convertido en una zona de riesgo para la impartición de justicia en condiciones de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, por lo que se llevaron a cabo las readscripciones y suspensiones conducentes, hasta en tanto se concluyen las investigaciones correspondientes.
Hay que recordar que este año, el Consejo de la Judicatura Federal implementó el Plan integral de combate al nepotismo, con el cual busca reducir esta práctica al interior del Poder Judicial, ya que de acuerdo a la más reciente encuesta del World Justice Project, 68 por ciento de los especialistas en justicia consideran que para la contratación en este Poder lo más importante es tener un parentesco con algún juez o magistrado.
Otra variante fue la estadística judicial en números rojos por un tiempo considerable (sin justificación razonable) que revelara una integración disfuncional en Tribunales Colegiados y constituye una necesidad del servicio que justifica el ejercicio de la facultad de adscripción.
Y finalmente la existencia de situaciones personales de los titulares por razones de salud, de género y familiares extraordinarias, actualizan una necesidad del servicio que justifica el ejercicio de la facultad de adscripción
En el análisis, se descubrió que anteriormente se ratificaba a los juzgadores federales siempre que no hubieran cometido conductas extremadamente graves. “En efecto, durante los últimos 15 años, la única causa de no ratificación fue la existencia de infracciones disciplinarias graves. Hoy en día, se hace una evaluación comprehensiva bajo criterios de excelencia y honestidad, para garantizar que solo las personas que cumplan con los estándares constitucionales continúen impartiendo justicia”, señala el informe del ministro presidente.
Consecuentemente, se tomó en cuenta desempeño jurisdiccional –como la productividad y el resultado de las visitas de inspección–y la idoneidad como juzgadores tomando en cuenta su actuación respecto del personal a su cargo, factores académicos y patrones de conducta preocupantes desde un enfoque disciplinario. Fue así que dos Magistrados no fueron ratificados.
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