La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incumplió en las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) al no demostrar el destino de los recursos y verificar la reconstrucción de obras o edificios dañados, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con el organismo, la dependencia encabezada por Arturo Herrera Gutiérrez, carece de un procedimiento que permita verificar las solicitudes de recursos, aunado a que tampoco se determinaron los responsables en la asignación de dinero para la reconstrucción de la infraestructura pública no asegurada.

También se identificó que la SHCP no demostró cómo la operación del Fonden mediante el Fideicomiso 2003 contribuyó a un mejor cumplimiento de sus objetivos y control en la economía de los recursos públicos otorgados.

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El 7 de octubre pasado se aprobó su desaparición como parte de la estrategia para extinguir 109 fideicomisos y tener recursos para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se terminó con el Fonden porque era utilizado como una “caja chica” para el interés de diversos funcionarios.

Según Herrera Gutiérrez, actualmente el fondo tiene deudas por más de 18 mil millones de pesos debido a los huracanes de años anteriores y los sismos ocurridos en 2017.

Sin embargo, según la auditoría realizada por la ASF, en 2019 se autorizaron 27 solicitudes de recursos para la reconstrucción o restitución de bienes afectados por un monto de 5 mil 474.7 millones de pesos.

De las solicitudes autorizadas, nueve fueron por eventos ocurridos en 2019 y 18 más a catástrofes de 2018, las cuales se presentaron extemporáneamente.

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En adición, tampoco existieron los criterios y mecanismos de control para determinar y aprobar los porcentajes de recursos para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal.

Además, la SHCP no demostró que los bienes afectados recuperaron las condiciones operativas similares a las que prevalecían antes del desastre ocasionado, ni acreditó que en los trabajos de reconstrucción se incluyeron medidas de mitigación para daños futuros, mediante normas de diseño o construcción que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante futuras amenazas.