El gobierno federal advirtió que el contenido del Informe: “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, que fue publicado por la ONU-DH el pasado 15 de marzo de 2018, resultan prematuras y podrían afectar el resultado de las investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en la normal rural de Ayotzinapan, Guerrero.
Mediante un comunicado conjunto, la Cancilleria, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR), refirieron que la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra hizo entrega a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en esa sede, un documento con las observaciones del Gobierno de la República sobre el contenido del Informe titulado “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, que fue publicado por la ONU-DH el 15 de marzo de 2018.
A través de dicho documento, el gobierno mexicano hace referencia que la publicación no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de la Oficina de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del Acuerdo.
En este sentido, las dependencias involucradas ofrecieron información sobre algunos de los temas contenidos en el referido Informe, en especial sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), con relación a las alegaciones de presuntos actos de tortura cometidos en contra de algunos de los detenidos en torno al caso Iguala.
“Después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del manual de investigación conocido como el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos”, respondió el gobierno de México.
Por último, en el documento de observaciones, el Gobierno de México reiteró a la ONU-DH que los referidos asuntos se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su Informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas.
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