En el inicio del juicio contra Genaro García Luna, convocado para hoy en una Corte Federal de Nueva York, la atención estará centrada en las declaraciones de los 13 testigos que presentarán los fiscales estadounidenses.
Sobre todo, si en estos testimonios bajo juramento se menciona que los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox (PAN) estaban enterados de los presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa a funcionarios de sus respectivos gobiernos.
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García Luna, considerado como el hombre más poderoso en el sexenio de Calderón Hinojosa, también tiene la oportunidad de aceptar la propuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos de declararse culpable y evadir una sentencia a cadena perpetua o a 20 años de prisión como pena mínima, ya que está acusado de delitos de narcotráfico.
Si el exsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 se acoge a este ofrecimiento de la autoridad judicial estadounidense, el beneficio que podría recibir es estar solo siete años en prisión a cambio de testificar contra otras personas acusadas de delitos de narcotráfico. Luego podría ser liberado y extraditado a México.
Aunque en la audiencia de este martes en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, solo se definirán a los 24 integrantes del jurado (12 para el jurado calificador final y 12 para suplentes), en los tres meses que se tiene previsto dure el juicio la expectativa está en si salen a relucir nombres de autoridades del más alto nivel en los tres últimos sexenios.
Apenas el pasado 9 de enero, cuando se dio inicio formal al juicio contra García Luna, su equipo de abogados pidió al juez asignado para este caso, Brian Cogan, que prohibiera que el gobierno de la Unión Americana presente como evidencia cargos, documentación e información referentes a sus actividades y patrimonio que acumuló entre el 1 de diciembre de 2012, cuando dejó el cargo como secretario de Seguridad Pública, y el 10 de diciembre de 2019, cuando fue detenido en Dallas, Texas, es decir, en el gobierno de Peña Nieto.
Los fiscales estadounidenses que llevan el caso, de acuerdo con la causa 19CR-576, han afirmado que García Luna seguía recibiendo sobornos del Cártel de Sinaloa después de dejar su cargo en el gobierno de Calderón Hinojosa, e incluso, hasta antes de ser detenido por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
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Cinco meses después de su arresto, el 3 de mayo de 2020, Calderón Hinojosa declaró que no tenía información de los vínculos de García Luna con el narcotráfico: “Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno”, dijo en una carta. El Departamento de Justicia de EU le imputa al exfuncionario los presuntos delitos de conspiración para distribuir internacionalmente cocaína, conspiración para distribuir y poseer premeditadamente cocaína y conspiración para importar dicha sustancia.
