Mandos de la desparecida Policía Federal podrían ser llamados a declarar, como parte de la investigación que lleva a cabo el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre la adquisición fraudulenta de un sofisticado equipo de comunicación y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones con un costo al erario público por el orden de los 499 millones de pesos.
La investigación que está en su etapa final en la cual se pedirá a la Fiscalía General de la República sea judicializada, comenzó el año pasado cuando la Auditoría Superior de la Federación, detecto un probable daño o perjurio a la Hacienda pública por las irregularidades en los contratos de las empresas Dizoal y Esrome, a quienes se les adjudicaron los contratos para proveer equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía Federal.
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Fuentes allegadas al caso refieren que en el resultado de las auditorias no se identificó transferencia alguna de recursos que Comercializadora Dizoal, debió haber realizado una empresa extranjera que presuntamente desarrolló dicho sistema, según lo declarado en el contrato celebrado con la Policía Federal.
En la triangulación de recursos, -de acuerdo a las investigaciones- se usaron los nombres de la empleada doméstica jubilada, Alberta y el del carpintero, José, como quienes eran los empresarios que vendieron en dólares ese equipo que nunca se usó.
El presunto fraude, se realizó durante la administración del expresidente, Enrique Peña Nieto; como secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida y como comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto.
También se menciona a los ex titular de la División de Investigación, José Antonio Vega Menchaca y el ex titular de la División de Inteligencia de la PF, Alejandro Bautista, quienes podrían ser llamados a declarar una vez que se judicialice la investigación.
Los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, señala que las empresas en cuestión reportaron que sus proveedores eran Gita Technologies, Septier Communications y Cybergloves, compañías israelíes, sin que se haya verificado que ninguna de las dos empresas mexicanas transfirió dinero en pago por los equipos a los proveedores fuera del país.
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