El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó en lo general las normas e instructivo para el llenado y presentación del formato de declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios públicos.
Dentro de los nuevos formatos, el pleno del Comité Coordinador del SNA avaló por unanimidad que, dentro del instructivo de llenado se contemple que los funcionarios del Poder Judicial de la Federación con funciones jurisdiccionales rellenan el formato de acuerdo con las necesidades que contemple su órgano interno apruebe, a petición del Consejo de la Judicatura Federal.
Ello, ya que, en voz del consejero del CJF, Alfonso Pérez Daza el formato que actualmente se aplica a los miembros del PJF que no tienen puestos administrativos son más estrictos y rigurosos con la finalidad de prever de mejor manera, en su actuar, un posible conflicto de interés e imparcialidad en sus resoluciones.
El consejero de la judicatura explicó que los formatos que tiene que llenar los impartidores de justicia incluso contemplan la amistad estrecha o enemistad expresa, por lo que advirtió que de regularse de esta manera se estaría, por un lado, eliminando posibles conflictos de interés a los miembros con responsabilidades jurisdiccionales, o bien, se aumentan rubros en los formatos innecesarios para todos los funcionarios públicos.
Dicha propuesta fue rechaza por la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, bajo el argumento de que esto representaría un régimen de excepción para los servidores públicos.
Para su declaración de conflicto de intereses los miembros del Poder Judicial deberán regirse por lo determinado por su órgano interno de control y conforme a la Ley Orgánica del PJF, la Ley de Amparo y el Código de proceso penales y demás leyes aplicables.
POSPONEN VOTACIÓN PARTICULAR
Luego de una denuncia de la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos y del magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el sentido de que no se circularon los formatos a discusión con cinco días de anticipación, como marca sus lineamientos, el Comité Coordinador del SNA decidió aplazar la votación en lo particular, encorchetar siete temas y discutirlos en una sesión extraordinaria en lo inmediato.
"En esta presentación, de este instructivo, faltó un marco teórico, un marco jurídico, mucho más extenso", criticó la fiscal anticorrupción.
Los temas que quedaron pendientes fueron los relativos a seis consideraciones que el INAI presentó luego del análisis de dichos formatos ante su pleno y si los funcionarios deben de especificar el puesto o rango que mantienen con un partido político u organización de la sociedad civil en su declaración de conflicto de interés.
Estas seis consideraciones del INAI son: que la información de saldos o activos se manifiesten cabalmente y en términos concretos, no así, "por apreciación de su variación de un año a otro, sino que los saldos se manifiesten redondos, completas", como afirmó Acuña Llamas.
Así mismo, se indiquen el sector o industria a la que pertenecen todos los terceros en cuestión para evitar en el ramo un posible conflicto; que se cuide el interés superior de la niñez al momento de recabar la información de dependientes económicos y en los casos en los que estos tengan bienes, al ocultarse los nombres y datos que pudieran afectar su privacidad, detallando sólo los bienes.
También pidió no sé eliminen ciertos rubros que fueron reducidos en esta actualización, mientras que, presentó también, un listado de 365 campos que consideró el pleno del INAI se determinen públicos para todos los funcionarios públicos.
Por último se pidió sea pública toda la información correspondiente al cónyuge o equivalente, así como de los dependientes económicos del servidor público, al tener una relación directa con el declarante, y que a su vez integra el mismo núcleo patrimonial, de manera que existe un interés público que justifica la intromisión a su esfera privada.
A la tercera reunión ordinaria del SNA, acudieron el presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López; los titulares de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos.
Igualmente, los presidentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand; del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña; y del consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez.