La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Santiago Nieto, analiza las cuentas y depósitos bancarios que hizo el abogado Juan Collado y cuatro personas más a través de la sociedad Caja Libertad mediante un complejo esquema que presuntamente les habría permitido lavar dinero mediante firmas falsas y defraudación.
Derivado de las declaraciones del empresario Sergio Hugo “N” que desencadenó la detención de Collado, la Fiscalía General de la República pidió la intervención de la UIF, quien tras analizar las declaraciones del empresario presentó la denuncia penal por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El caso quedó registrado en la carpeta número FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/0000949/2019 , donde se desprenden las declaraciones que hizo el pasado 10 de junio el empresario Sergio Hugo “N”, señalando que Juan Collado participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles, entre ellos una propiedad suya, y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales.
En la conformación de la carpeta de investigación se especifica que Sergio Hugo fue accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V., desde abril de 2010, con el 50% de las acciones y el otro 50% era propiedad de José Antonio Rico Rico.
La operadora adquirió un inmueble en la zona comercial centro sur en Querétaro, con una superficie de tres mil 877.17 metros cuadrados donde se edificó un centro comercial seis niveles y con seis niveles de estacionamiento con un valor actual de 700 millones de pesos. De las investigaciones de la UIF y declaraciones del empresario se desprende que en 2013 su socio vende las acciones de la empresa a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú. Posteriormente, en 2015, José Antonio Vargas Hernández vende en 56 mdp el centro comercial y se hace un depositó a favor del Presidente del Consejo de Administración, Juan Collado por 24 millones de pesos.
La UIF detectó otra trasferencia bancaria por 70 mdp, el 8 de abril de 2015 a la empresa Administradora Arios S.A. DE C.V., otros dos traspasos por 25 y 750 mdp el 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6.
Otro traspaso por mil 291 mdp a la empresa Despacho Integral de Inmuebles, y uno más por 493 mdp a la empresa con RFC MRI110214BJA el mismo día. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó categóricamente que el gobierno de López Obrador tenga que ver con la detención del abogado, ya que fue una denuncia de particulares.
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