En votación dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó los votos necesarios para sobreseer la impugnación a la ley de Remuneraciones de Servidores Públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó la CNDH y una minoría en el Senado de la República, por lo que continuará con el análisis de la impugnación para determinar si hubo violaciones o vicios dentro del proceso legislativo para la emisión de las normas del decreto presentado en noviembre del 2018.

Sólo el ministro Arturo Zaldívar, recién electo como presidente de la Corte, la ministra Yazmín Esquivel Mossa, esposa de José María Rioboó, consejero del presiente Andrés Manuel López Obrador, José Luis González Alcántara, propuesto por el presiente para ocupar un lugar en la Corte y la ministra Norma Lucia Piña Hernández, quien ocupo la vacante que dejo la ex ministra Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, votaron a favor de sobreseer el caso.

En la sesión, el ministro presiente informó que se presentaron dos nuevas acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto reformado, y por turno le corresponde a la ministra Yazmín Mossa elaborar el proyecto.

En la discusión, los ministros votaron por el no sobreseimiento en su totalidad de la ley de remuneraciones y no se desestimen en su totalidad las dos acciones que presentaron la CNDH y el Senado contra dicha ley.

Al tomar la palabra, el ministro, José Luis González dijo que la postura del ministro Zaldívar y las ministras Yazmín Esquivel y Norma Piña, lo hizo reconsiderar su opinión respecto a la improcedencia de la acción, “estimo que es plausible considerar que estamos frente a cambio de un sistema normativo, en el que debiera prevalecer la intención del legislador de reformar de manera sustantiva”.

En este sentido, el ministro Javier Laynez expuso que se debe entrar al fondo del asunto para ver si se colmó o no una omisión legislativa, “esto nos obliga a aproximarnos al problema de una manera distinta lo que nos conlleva a modificar los criterios que hemos establecido”.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz dijo que la reforma realizada en abril pasado, no genero un cambio normativo en la totalidad, los cambios normativos no han suprimido la exigencia de responder la pregunta constitucional de fondo que es si la constitución permite que la facultad de aprobar la remuneración sea discrecional o por el contario la constitución exige que sea una facultad reglada.

En este sentido, el ministro Mario Pardo Rebolledo se manifestó por el sobreseimiento respecto de todos los preceptos que sufrieron modificación “pero no estoy de acuerdo por proponer run un sobreseimiento integral, porque desde mi punto de vista, en todos los casos que hemos intervenido se hace el análisis que propone el proyecto”.

En su intervención, el ministro ponente Alberto Pérez Dayan dijo que cuando las razones para sobreseer son tan o más abundantes que las del propio fondo siempre debe privilegiarse en fondo.

“Uno de los argumentos más importantes que recojo de la discusión es que sin confirmar exactamente la veracidad de la ilustración se dice que se reformó el 90 por ciento de la ley, ¿no es atípico que una ley recién expedida sea reformada en menos de un mes en 90 por ciento? Que no será que entonces en realidad las violaciones expresadas en conceptos genéricos son reales. Eso es lo que se debe ver de fondo”.

Algunos ministros votaron porque se sobreseyeran los artículos que fueron reformados en abril pasado, mientras que otros, pidieron que se sobreseyera todo, por lo que el ministro presiente Arturo Zaldívar dijo que la votación dividida acredita la independencia y libertad con que nos conducimos,

“Es un hecho que las votaciones pudieran llegar a modificar impactar en los conceptos de invalidez que se analizaran en la siguiente sesión donde analizaremos si hubo violaciones al procedimiento legislativo”.

Por otra parte, anunció que se presentaron dos nuevas acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto reformado, y por turno le corresponde a la ministra Yazmín Esquivel Mossa elaborar el proyecto.

“No se prejuzga como se votará ante un nuevo decreto y nuevo proyecto lo, que resolvamos ahora no necesariamente va a impactar en el otro proyecto”, dijo.