La Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Contraloría de la CDMX tienen lista ya la resolución para aplicar la primera sanción por el delito de corrupción que figura en la Reforma Constitucional promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la adquisición de vacunas antirrábicas.
La resolución señala que en la licitación pública 30001122-003-19 que lazó la Secretaría de Salud capitalina (SS-CDMX) para adquirir vacunas antirrábicas para las Jornadas Nacionales de Vacunación Antirrábica, se favoreció a la empresa Collage Distribuciones SA de CV., que resultó tener sus instalaciones en un taller mecánico de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
Para conseguir su objetivo los funcionarios de la SS alteraron las bases de licitación y no se sujetaron a la ley. Además, la empresa Collage entregó vacunas sin jeringa, placa de identificación y documentos de certificación.
Lo más grave es la SS de la CDMX, la cual pago 5 millones de pesos más que la propuesta del Grupo Dequivamed de 23 millones de pesos, lo que significa un fraude a la hacienda pública.
Los abogados del Grupo Dequivamed, Alejandro Jesús Vázquez del Mercado Habif y Bernardo Viesca Quiroz presentaron una querella la Contraloría Capitalina, la FGR y la SFP donde responsabilizan, en forma directa a la titular de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, Eduardo Castillo Arroyo, director de recursos materiales, abastecimientos y servicios; San Juan Solares, subdirector de recursos materiales; y la Sonia Delgado Miranda, jefa de unidad departamental de normas y concursos.
A todos ellos se les acusa de: corrupción, ejercicio ilícito de servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho y fraude.
En la denuncia que se marca copia a la Senasica y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se establece que incurrió en un riesgo a la salud pública (NOM. 001-SSA2-2011), incumplimiento a las políticas de Salud para erradicar la rabia y un quebranto a las arcas del gobierno de la CDMX por 23 millones 243 mil 670 pesos.
Además, malversación de recursos, corrupción y generación de ganancias ilícitas en beneficio de funcionarios públicos y de personas físicas y morales, que intervinieron en las operaciones de compra venta de este biológico, así como Fraude en agravio de la sociedad mexicana.
Ya que estamos hablando de un programa de salud pública que puede tener consecuencias derivadas de la transmisión del virus rábico al ser humano sino se cuenta con los controles de calidad, los permisos y las supervisiones por parte de las autoridades competentes.
La empresa Collage no tiene permiso de la Sader y las licencias obtenidas para poder salvar los trámites se consiguieron con base en corrupción.
La empresa Collage no presentó constancia alguna que acredite liberaciones de biológico, lotes, caducidades o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente antecedentes de la empresa collage distribuciones, como distribuidora de vacunas antirrábicas caninas a nivel federal o estatal, requisito sine-qua-non para distribución del biológico en el país, tal como lo señala el oficio b00.02.08.02.01.2783/2014, emitido con fecha 3 tres de diciembre de 2014 por la Secretaria de Agricultura, hoy Sader.
Todas las imputaciones los abogados del Grupo Dequivamed, están soportadas con doce documentales públicas: Bases de licitación, pagos de la licitación, acta de Junta de Aclaraciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional, acta de Presentación y Apertura, acta de fallo de licitación, catálogo de establecimiento.
