La periodista Lydia Cacho denunció a través de sus redes sociales que la magistrada Selina Avante Juárez, del Primer Tribunal Unitario de Circuito en Quintana Roo, ordenó a autoridades de Líbano la liberación de Kamel Nacif, acusado por orquestar y pagar la tortura contra la periodista en 2005, así como de pornografía y abuso sexual de menores.
De acuerdo con Cacho, quien dio esta orden de liberación es la hermana de Mario G. Avante Juárez, subsecretario de general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a su vez es “la mano derecha” del ministro presidente del máximo tribunal Arturo Zaldívar, por lo que acusó a la Corte de proteger a criminales.
“A Mario es a quien le entregamos todos los documentos de mi defensa que nos pedía Zaldívar. Nuevamente desde la SCJN queda protegida la red de tratantes de niñas y pornografía infantil”, acusó Cacho en un mensaje en sus redes sociales.
Esto ocurre, según Cacho, a pesar de que existe evidencia de que fue Nacif quien orquestó y pagó por torturarla en 2005, luego de la publicación de su libro llamado Los demonios del Edén, en el que denunció una red empresarios y políticos en México realizaba prostitución y pornografía infantil en el país.
Por ello acusó que “una magistrada al servicio de la red internacional de trata de personas y niñas opera basada en una mentira para desactivar un juicio que ganábamos ya en la arena internacional”.
De acuerdo con la organización Artículo 19, quien ha acompañado a la periodista en todo su proceso legal contra Nacif y Mario Marín, el expolítico mexicano implicado en la trama, la negación de la orden de aprehensión contra Nacif se da en cumplimiento de un amparo otorgado al empresario el pasado 15 de julio, lo que “abre camino a la impunidad para Lydia Cacho”.
Por ello la periodista recalcó su indignación luego de explicar que lleva al menos 15 años en la batalla judicial de su caso, de ganar en instancias internacionales y de recibir una disculpa pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber sido torturada por el Estado mexicano.
“(Pese a ello) Emilio Gamboa sigue operando en la SCJN, ahora lo hizo para Kamel Nacif y busca hacerlo para Mario Marín. Zaldívar pudo detener la aberración de la magistrada Avante, pero no lo hizo. Y este gobierno seguirá diciendo que la trata de niñas no es delincuencia organizada”, finalizó.