México se encuentra entre los países más peligrosos para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ya que con mayor frecuencia los Estados están adoptando marcos legislativos que buscan restringir o incluso criminalizar la participación ciudadana y el monitoreo de la gestión pública o privada en áreas que tienen un gran impacto social, como lo son las actividades de la industria extractiva o la inversión pública.
Así lo señala la fundación Robert F. Kennedy Human Rights y USAID (del Pueblo de los Estados Unidos de América) al destacar que en Latinoamérica, la protesta social se está reprimiendo de manera violenta y muchas veces quienes lideran los movimientos sociales o cubren las protestas sociales son acusados de cometer delitos aprovechando tipos penales vagos y ambiguos.
Human Rights y USAID llevaron a cabo un conversatorio con la Fundación Barra Mexicana (FBM) para abordar tanto experiencias útiles de atención pro bono para personas defensoras de derechos humanos, como el uso del litigio estratégico como herramienta de protección del espacio cívico y de las libertades fundamentales que éste implica.
Este espacio busca iniciar un diálogo con miembros de la FBM con el fin de explorar, generar intercambio y compromisos de aporte de horas de servicio para proveer asesoría legal gratuita o participar en litigios de alto impacto que, además de proporcionar justicia a las víctimas directas de violaciones a sus libertades, puede ayudar a establecer estándares de protección con un impacto nacional e incluso internacional.
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) presentó los Estándares Pro Bono México, movimiento que busca establecer las bases, motivos y consideraciones para estandarizar el concepto de trabajo legal pro bono en el país.
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"Los Estándares Pro Bono México se basan -entre otros documentos-, en la Declaración Pro Bono para el Continente Americano y la Declaración de Madrid sobre Responsabilidad Social de la Abogacía”, comentó José Luis Nassar Daw, presidente de la FBM.
"La labor pro bono es la prestación de servicios jurídicos gratuitos, en pro del bien común y siempre en beneficio de la población objetivo. Los abogados mexicanos pueden ser miembros de este movimiento sin importar el colegio o barra a la que sean miembros. El propósito es fomentar el estado de derecho y el acceso a la justicia para todos", mencionó Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la BMA.
Señala que los Estándares Pro Bono México buscan beneficiar a quienes no cuentan con recursos inmediatos para una representación o asesoría legal efectiva, por ejemplo, a personas o comunidades de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad, a las OSC que asisten a las anteriores, así como a individuos e instituciones en asuntos de interés público, emprendedores, empresas sociales, organizaciones autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos.
