Niegan suspensión definitiva a esposa de Duarte

Esto luego que el pasado 8 de julio César Duarte fue detenido en Miami, Florida

Manrique Gandaria | El Sol de México

  · jueves 20 de agosto de 2020

Foto: Cuartoscuro

El juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó una suspensión definitiva a Bertha Olga Gómez Fong, esposa del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien busca que no se ejecute alguna orden de detención con fines de extradición en su contra, en caso de existir la petición.

El impartidor de justicia, negó la suspensión definitiva a Gómez Fong, por conducto de su apoderada legal contra el secretario de Relaciones Exteriores y otras autoridades, respecto de la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional y petición formal de extradición internacional y su ejecución.

En el acuerdo dado a conocer este jueves, el juzgador no hizo público los motivos de su resolución, es decir, no se aclara si existe algún solicitud que demuestre que el gobierno mexicano está interesado en extraditarla junto con su esposo, quien es requerido para ser juzgado en el estado de Chihuahua.

Esto luego que el pasado 8 de julio César Duarte fue detenido en Miami, Florida, por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base a una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos.

Esto en atención a una orden de aprehensión que libro la juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, contra César Duarte por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, el 8 de octubre de 2019.

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En diciembre pasado la Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición a Estados Unidos.

Es de recordar que contra el ex mandatario estatal, existen al menos 20 órdenes de aprehensión libradas por jueces del orden común, solicitadas por la Fiscalía de Justicia de Chihuahua por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, derivado de desvíos de recursos públicos por mil 200 millones de pesos, dinero se cree que fue a parar a las campañas electorales del PRI.

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