La organización de derechos humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad y la Coordinadora Plan de Ayala, pudieron al gobierno federal investigar y sancionar a la minera Newmont Goldcorp propietaria de la mina Peñasquitos, en Zacatecas para reparar los daños causados a las comunidades afectadas por el extractivismo y el despojo de territorio por parte de la minera.
En conferencia de prensa para dar a conocer un resumen Ejecutivo de las condiciones en que viven las comunidades en Zacatecas, Ernesto Rodríguez indicó que el estado mexicano está incurriendo las actividades de contaminación ambiental, el despojo de las tierras de los ejidatarios afectados, además de que se criminaliza la labor de activistas.
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Al dar a conocer cuál es la situación actual en materia de derechos humanos en la Minera Peñasquito en Mazapil, Zacatecas., Fray Julián Cruzalta Aguirre, María Magdalena López Paulino, y Blanca Mendoza Ramírez, de ambas organizaciones, informaron que se calcula que la mina obtendrá en los próximos 19 años,, 13 millones de onzas de oro, mientras los ejidatarios solo recibieron por arrendar sus tierra, por concepto de ocupación temporal de 30 años, la cantidad de 5 mil pesos, por hectárea, es decir 50 centavos el metro cuadrado.
Refieren que las consecuencias de minería a cielo abierto son entre otras cosas la contaminación de las fuentes de agua en los entornos de la mina, la contaminación de las aguas superficiales, así como los residuos químicos, que no son debidamente tratados y almacenados, ya que pueden filtrarse hasta los caudales de agua fresca.
Denuncian que el Estado Mexicano se encuentra encubriendo las actividades de contaminación ambiental, el despojo a las tierras de los ejidatarios afectados con las actividades de la minería, ya que existe una enorme desigualdad legal, económica, de acceso a la justicia, entre los ejidatarios y la minera.
Por otra parte, señalan que es obligación del Estado garantizar que no se emprenda ninguna actividad relacionada con la ejecución de un proyecto minero hasta que el estudio de impacto ambiental sea aprobado por la autoridad estatal competente.
