"Su señoría: El señor García Luna corre un alto riesgo de muerte si contrae Covid-19. Tiene 51 años y cuenta con antecedentes de problemas respiratorios. Estamos ante una urgente y seria crisis de salud pública. Es necesario proteger su salud física ante el devastador número de víctimas”, fue el argumento presentado por los abogados de quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, ante un juez de Nueva York, para intentar que su defendido quedara libre bajo fianza.
En documento presentado al juez Brian M. Cogan sobresale el pago de dos millones de dólares, respaldada por 10 garantes y cuatro propiedades, así como una propiedad del propio Genaro García Luna valuada en 1.2 millones de dólares.
“El señor García Luna estaría sujeto a la supervisión estándar de los Servicios previos al juicio con la adición de monitoreo de ubicación. Residiría en el área de Washington, D.C. (o en la ciudad de Nueva York, si el Tribunal lo requiere) con su familia. Este paquete de fianza mejorado garantizará suficientemente el regreso de García Luna a la Corte. García Luna no representa un riesgo real de fuga. Prácticamente no hay riesgo de que huya si es liberado”, se expuso.
Incluso, en manos del juez estuvo una carta enviada por un médico de un hospital privado de la Ciudad de México en la que certifica que le atendió el 26 de junio del 2015 por problemas respiratorios “ante un cuadro caracterizado por tos, expectoración escasa blanquecina, leve dificultad respiratoria y sibilancias ocasionales”.
Los argumentos de la defensa se acompañaron de un estudio, firmado por el doctor Jonathan Giftos, en el que se destaca la importancia de reducir el número de personas detenidas en centros penitenciarios durante la emergencia de salud pública provocada por el coronavirus.
Se expone que en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Brooklyn, donde permanece Genaro García Luna desde enero pasado, no tiene equipo especializado para detectar y ni siquiera tratar a diagnosticados con Covid-19.
“Sólo hay tres médicos disponibles en el MDC Brooklyn para cuidar a los mil 700 reclusos. Incluso es probable que este número muy limitado disminuya a medida que los médicos entran en cuarentena. Ninguno de estos doctores se especializa en enfermedades infecciosas”, denuncia el informe presentado ante la justicia estadunidense.
Según el documento, en el centro de detención no hay unidades o instalación médica separada para los reclusos enfermos y, a diferencia de otras Instituciones correccionales federales, no tiene espacio físico para que un interno enfermo pueda convalecer separado de otros reclusos y con las medidas sanitarias que se requieren. “Los reclusos en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn que contraen Covid-19 tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas agudos que si estuvieran en la comunidad, porque en ese sitio se carece de los recursos médicos para el cuidado de los internos sintomáticos”, señala el estudio.
A las peticiones y argumentos presentados por los abogados de quien fuera el responsable de las políticas en materia de seguridad en México durante el sexenio de Felipe Calderón, la fiscalía señaló que si se permitía a García Luna la libertad bajo fianza, éste podría regresar fácilmente a territorio mexicano o a un país sin un tratado de extradición con Estados Unidos.
Incluso, el vicefiscal federal, Michael Robotti, dijo que Genaro todavía mantiene una “red de exfuncionarios corruptos” que lo ayudarían a “instalarse cómodamente” en alguna región de México.
Finalmente, el juez federal Brian M. Cogan confirmó los argumentos de la fiscalía sobre que García Luna representa un riesgo de fuga, a pesar de la propuesta de fianza y los argumentos de los abogados sobre que su defendido permanecería en el país para enfrentar su proceso judicial.
Genaro García Luna fue detenido en diciembre pasado en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y de otros capos de la droga, para permitirle operar en territorio mexicano afectando también los intereses en materia de seguridad y salud en la Unión Americana. La Corte para el Distrito Este de Nueva York puso bajo sello el caso criminal, lo que implica una serie de dificultades para conocer las fechas de audiencia o la documentación que se presente ante el juez. Sin embargo, la próxima audiencia está agendada para el 30 de julio.
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