Antes de que el mundo se pusiera patas arriba, la Organización Editorial Mexicana pudo entrar a las oficinas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), un edificio de arquitectura aburrida y de colores apagados que se pierde sin pena y sin gloria entre los brillosos rascacielos al final de la Avenida de los Constituyentes, en la Ciudad de México.
"El Doctor", como le dicen con respeto sus subalternos a Santiago Nieto Castillo, nos recibió con generosidad de tiempo aquella ocasión para hablar sobre los logros de la Unidad; las investigaciones financieras que han aportado evidencia de conductas ilegales en los casos de Emilio Lozoya, Carlos Romero Deschamps y Rosario Robles, por decir sólo algunos.
De paso, El Doctor se lamentó veladamente de los pocos recursos financieros y humanos con los que trabajaba, con apenas un plan de inversión para los próximos tres años de 100 millones de pesos para ampliar la capacidad de almacenamiento de sus servidores informáticos, algunos donados por EU en la Iniciativa Mérida.
Dinero hay. Sólo para sembrar árboles frutales como parte del programa Sembrando Vida el gobierno federal ha destinado 25 mil millones de pesos este año, en cambio la UIF tiene uno de 152 millones.
A pesar de las esporádicas apariciones de Santiago Nieto en la conferencia mañanera diaria del Presidente, me quedó la impresión en aquella ocasión de que el gobierno federal no se daba cuenta de la joya que tenía en el abandono. Al policía en el cuadro de honor le estaba contando las balas.
La UIF se volvió a colgar una medalla estos días con la denuncia presentada por lavado de dinero contra Juan Antonio Vera Carrizal, de quien se identificaron movimientos inusuales en sus cuentas financieras y al mismo tiempo figura como presunto culpable del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos.
Por la crudeza de las lesiones y la impunidad que reinaba hasta el momento, el caso había acaparado la atención de la agenda de justicia de género mexicana.
Así, la intervención de la UIF es una bocanada de aire fresco para un gobierno altamente cuestionado por su respuesta a la pandemia del Covid-19 y la cancelación de la planta de Constellation Brands en Mexicali.
En la UIF no se improvisa, no hay policías pateando puertas y sacando confesiones a punta de pistola. Hay economistas, abogados y tecnólogos que sentados frente a una computadora desenmarañan las tripas de los delitos financieros. Se hace un trabajo profesional en línea con las tendencias mundiales de investigación informática y de análisis de Big Data.
Basta ver el caso de Genaro García Luna para darse cuenta del rumbo que este país necesita. Quien fuera el arquitecto de la fallida y violenta guerra contra el crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón, hoy es acusado de corrupción y colusión en una corte de los EU –y a quien la UIF también investigó, por cierto–.
La UIF es muestra del México posible, del de la ciencia y el método y donde las investigaciones sustentadas en elementos de prueba sólidos son algo cotidiano. La posibilidad de que sea utilizada como instrumento de terrorismo político y judicial también existe.
Abrazos, no balazos, dice el presidente. No le vendría mal darle un abrazo más cálido al policía financiero en estos tiempos endurecidos y asegurar su autonomía, le conviene a todos. El coronavirus va a pasar, pero el clamor por un sistema de justicia moderno y eficiente nos espera a la salida de la pandemia.
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