El escándalo de presunta corrupción de Rosario Robles alcanzó a uno de sus antiguos conocidos: Carlos Ahumada Kurtz. El empresario de origen argentino, y operador de los videoescándalos de 2004, está en la mira de la Fiscalía General de la República por una denuncia de la exjefa de gobierno por presunto fraude.
El caso se remonta de 2013, cuando Robles Berlanga interpuso una denuncia a la entonces Procuraduría General de la República en contra de Ahumada, a quien acusa de fraude específico y falsificación, al pretender chantajearla con documentos falsos.
La relación entre Robles y Ahumada comenzó en 2001, cuando ella era presidenta nacional del PRD y él comenzaba a emprender negocios en nuestro país. A partir de entonces, ellos se volvieron amigos incondicionales.
En 2004 se destapa el escándalo de corrupción de René Bejarano, entonces mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, esto gracias a los videos que filtra Ahumada a la prensa donde se ve a Bejarano llenarse las bolsas de su saco con fajos de dinero. Tras el escándalo, Ahumada terminó detenido en Cuba y Robles excluida en el PRD, además de enemistada con López Obrador. Al salir de la cárcel, el empresario se fue a Argentina, desde donde demandó al PRD por una deuda de 250 millones de pesos.
Una vez que Robles es nombrada secretaria de Desarrollo Social, interpone la denuncia alegando que los documentos con los que demandó el argentino le fueron robados y falsificados.
El caso se había mantenido “en proceso” hasta que ayer la Fiscalía General de la República informó que cuenta con los elementos necesarios para ejercer acción penal en contra del empresario argentino.
Ello porque subsanó las fallas en el expediente, recurriendo incluso a indicios de prueba recabados en el extranjero, y presentó otra vez la acusación, contra la cual el empresario de origen argentino busca de nuevo amparo.
OBTIENE AMPARO
Robles Berlanga no podrá ser detenida luego que un juez federal le concedió una suspensión provisional ante cualquier orden de aprehensión que podría emitir la Fiscalía de la República.
Fue el juez federal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, quien concedió la suspensión provisional a la exsecretaria de Sedesol y le fijó una garantía de 69 mil 500 pesos, que deberá presentar en los próximos cinco días, de lo contrario, la garantía dejará de surtir efectos
Por su parte, el titular de UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que están en la parte final de de la investigación de la “Estafa Maestra”, y hasta el momento ha detectado que la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), utilizó 50 empresas como fachadas para un posible delito de lavado de dinero.
En tanto, el diputado Mario Delgado afirmó que la exsecretaria de Desarrollo Social tiene pendiente un juicio político en San Lázaro. “Vamos a ver en qué estado está esa demanda, ese proceso de juicio político, porque creo que desviaciones tan claras”.
Con información de Gabriel Xantomila y Jacob Sánchez