Nietos políticos de Alejandro Gertz Manero, presentaron en Cámara de Diputados, solicitud de juicio político en su contra, en su carácter de Fiscal General de la República, por las infracciones graves y sistemáticas de derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes relacionados con actos y omisiones que ha realizado como servidor público.
Ante los medios de comunicación, Alonso Castillo Cuevas, nieto político de Gertz Manero, explicó que el Fiscal encarceló a su madre, la señora Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, así como a su abuela Laura Morán Servín de 94 años de edad, por el supuesto homicidio doloso por omisión en contra de Federico Gertz Manero, y a partir de ese momento han vivido un calvario por las amenazas y persecución judicial, en abuso del poder.
Los hermanos Ana Paola, Gonzalo y Alonso Castillo Cuevas, acudieron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a cargo de Graciela Báez Ricárdez, para presentar una solicitud de juicio político contra el Fiscal General, Gertz Manero, por incurrir en abuso de funciones en el ejercicio del servicio público.
Alonso Castillo, señaló que “cuando el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero logró el encarcelamiento ilegal de nuestra madre, nos extorsionó y amenazó a mí y a mis hermanos que nos incrimináramos con un delito que fabricó”.
Y es que Alejandra Cuevas, madre de los denunciantes, se encuentra presa acusada de la muerte de su padrastro Federico Gertz Manero, hermano del hoy fiscal General de la República, lo raro del asunto es que la señora Cuevas Morán fue declarada no culpable en dos ocasiones por tribunales colegiados y luego detenida nuevamente por la Procuraduría de la Ciudad de México (que reabrió la carpeta de investigación), una vez que Alejandro Gertz Manero asumió el cargo de fiscal.
Los afectados relataron que Laura Morán Servín y Federico Gertz Manero se conocieron en 1968 y estuvieron juntos por 47 años hasta que en 2015 falleció Federico a los 82 años.
Para entonces, a Federico se le había colocado un marcapasos cardiaco, su vista era escasa, casi nula, y sufría de síntomas de deterioro mental que se materializaban en alucinaciones, lo que llevaba a que su mujer le procurara cuidados con apoyo de dos señoras de servicio doméstico y un chofer, hasta que esto fue insuficiente y contrató un servicio de cuidadores.
La familia de denuncia que, a raíz de la muerte de Federico, Alejandro utilizó todo su poder político y judicial para someter a la familia bajo amenazas, lo que ha derivado en una persecución judicial.
El 29 de agosto de 2015, llegó Alejandro al domicilio de Laura y Federico, junto con su abogado, Juan Ramos y el Ministerio Público, sin contar con una orden de cateo, y refiriendo a Laura que la había denunciado de intento de homicidio, y llevándose a su Federico para internarlo en el Hospital ABC de Observatorio, en donde murió el 27 de septiembre.
Según, la denuncia, Federico dispuso en su testamento que su hermano Alejandro fuera su heredero universal, imponiéndole hacerse cargo de los gastos médicos y de dotarle de una pensión a Laura Morán Servín, lo cual esto último no lo cumplió con cabalidad.
Laura Morán de 94 años y Alejandra Cuevas de 68 años, han sido perseguidas y judicializadas por Alejandro todo este tiempo y mantiene amenazada a la familia, sobre todo a los hoy denunciantes por llevar a cabo ante la opinión pública el caso que ha trascendido.
Alonso mencionó que, entre otros artículos, también viola el artículo 221, referente al delito de tráfico de influencia, que señala que “el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión”.
Además, el Artículo 109 donde menciona que “Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
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Los hermanos Castillo Cuevas entregaron una caja con documentos ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados en espera de que los legisladores tomen el asunto y vean que se trata de un servidor público fuera de la ley y sobre todo que es el fiscal General de la República, con todo el poder del Estado", concluyó Alonso.
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