El ex jefe de oficina de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Ramón Sosamontes, solicitó un amparo contra la congelación de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de la llamada "Estafa Maestra".
Sin embargo, la solicitud del exfuncionario aún no ha sido admitida a trámite ya que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México pidió a Ramón Sosamontes aclarar lo que demanda en el amparo que tramitó el pasado 26 de agosto.
Ramón Sosamontes, quien hace unos días un juez federal le negó la suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión o la ejecución de algún mandamiento judicial, es señalado por la FGR como uno de los coinvestigados de Rosario Robles por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos que generaron una afectación de más de 5 mil millones de pesos al erario.
En la demanda de amparo interpuesta el pasado lunes, Ramón Sosamontes pide a la justicia federal amparo en contra de medidas de aseguramiento y precautorias a sus cuentas bancarias por parte de la UIF, ya que a su parecer se estarían violando los artículos constitucionales 1, 5, 14, 16, 25, 31 y 133.
No obstante el juez pidió al ex funcionario más datos para analizar si procede o no su demanda de amparo.
La semana pasada, el ex funcionario federal fue notificado que el titular del juzgado 13 de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, determinó con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo negarle la suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ramón Sosamontes signó al menos dos convenios para la realización o contratación de obras y servicios con diversas entidades educativas y empresas privadas, que luego fueron desviados del objeto para los que estaban destinados, lo que provocó un daño patrimonial.