El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que la decisión del Instituto Nacional de Acceso la Información (INAI) de impugnar la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil obedece a intereses de las empresas, pues el registro busca combatir los delitos de extorsión, secuestro, trata y en general todas las actividades de operación de los grupos criminales.

“La resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información sólo acredita la decisión de este órgano por ajustarse a los intereses de las telefónicas, favorecer un modelo favorable a los delincuentes”, señaló el subsecretario.

Consideró que este órgano debe actuar con responsabilidad, asumir su función, dejar la indolencia y trabajar para proteger los datos personales en posesión de particulares y los sujetos obligados.

El subsecretario insistió que existe confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en beneficio de las víctimas del delito y la seguridad de la población, confirme la constitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Recalco una vez más que detrás del rechazo están involucradas las empresas telefónicas cuando actualmente solicitan los datos a quienes adquieren una línea de renta fija piden los datos personales.

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Desde su perspectiva, el problema de fondo son los modelos de telefonía de prepago por medio de los cuales nadie sabe quién los está comprando, por lo que ha permitido que los delincuentes se dediquen a hacer llamadas de extorsión, entre otras conductas criminales.