La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio admisión al caso del periodista Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta de Tijuana, asesinado a tiros el 22 de junio de 2004, ante la inacción y desidia de las autoridades mexicanas para aclarar su muerte y llevar ante la justicia a los responsables de se muerte.
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El caso fue presentado ante la CIDH por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y los familiares del periodista, al considerar que la actuación de las autoridades mexicanas no ha sido la indicada para esclarecer el homicidio.
El comunicador fue asesinado a balazos el 22 de junio de 2004 y entre los sospechosos de haber "organizado u ordenado” su asesinato se encuentran el entonces candidato a la alcaldía de Tijuana, Jorge Hank Rhon. Además Arturo Villarreal "El Nalgón", del cártel de los hermanos Arellano Félix, y Eduardo Ronquillo "El Niño", también de la misma organización narcotraficante son señalados como responsables.
Hasta el momento, ninguno de los sospechosos de la autoría intelectual del crimen se encuentran presos o han sido castigados por ello.
La admisibilidad de la CIDH implica que el Estado mexicano tenga que responder a la comisión sobre las causas y los implicados en el asesinato.
La exigencia de la SIP y los familiares de Ortiz Franco es lograr que la CIDH se manifieste porque los delitos contra periodistas no prescriban y se garantice la libertad de prensa, además de encontrar justicia para el comunicador.