En los juzgados del Reclusorio Sur arrancó este viernes la audiencia de Rosario Robles, donde la exsecretaria de Desarrollo Social buscará evitar regresar a la cárcel por su presunta responsabilidad en el caso conocido como la Estafa Maestra.
A seis meses de que la exfuncionaria abandonó el penal de Santa Martha Acatitla, en la audiencia un juez federal revisa si existen los suficientes elementos para reclasificar el delito de uso indebido del servicio público del que se le acusa y de esta manera logré evitar pisar una cárcel otra vez por este caso.
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La audiencia que se celebra esta mañana en el Reclusorio Sur fue convocada por el juez de Control de ese centro penitenciario luego de que el pasado 26 de enero el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó una sentencia en la que se le negó un amparo a Rosario Robles con el que buscaba sobreseer la acusación en su contra.
Lo que pretende la defensa a cargo del abogado Epigmenio Mendieta es que el delito de uso indebido del servicio público por el que la exfuncionaria permaneció en prisión preventiva justificada durante tres años, deje de ser un ilícito propiamente y pase a ser considerado una falta administrativa.
El argumento de los abogados ante el Tribunal fue que el delito por el que se le persiguió penalmente a la exfuncionaria es en realidad una falta administrativa contemplada en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que no merece cárcel, sino, como máximo, la inhabilitación para poder ejercer cargos públicos.
Esto, según explicaron, ya que a Rosario Robles no se le acusa de desviar recursos de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano mientras se desempeñó a su cargo, sino que hizo caso omiso de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación sobre aparentes desvíos de recursos.
La Fiscalía General de la República (FGR) por su parte, sostuvo que la omisión de la exsecretaria, la cual derivó en un desfalco de más de 5 mil millones de pesos en las dependencias de las que fue titular, está tipificada en el artículo 214 del Código Penal Federal, lo que significa que sí podría ser sancionada con prisión.
Lo anterior, porque en el Código Penal se establece como delito el no informar o impedir que se cometan actos que “pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal”. Ilícito por el que los imputados pueden permanecer de dos a siete años en prisión.
Ambos argumentos ya fueron analizados por el Tribunal Colegiado, quien finalmente revocó la negativa en contra de Rosario Robles y ordenó que el asunto fuera revisado de nueva cuenta por un juez, quien deberá estudiar lo expuesto por la defensa y argumentar debidamente si las faltas atribuidas a la exfuncionaria son sancionadas con lo previsto en el Código Penal Federal o con la Ley Hacendaria.
“(Se) deberá determinar si la conducta es constitutiva de delito o sólo causa de responsabilidad administrativa, para así se tenga la certeza de una verdadera taxatividad que pide la defensa de la quejosa”, explicó el Tribunal hace casi un mes.
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Además, los magistrados pidieron al juez de Control que tome en cuenta el principio pro persona en su nuevo análisis, es decir, que priorice en su resolución la medida que afecte en menor medida los derechos humanos de Rosario Robles, lo que abre la puerta a que el juzgador reclasifique el delito como falta administrativa y de esta manera la exfuncionaria libre la cárcel de manera definitiva por el caso de la “Estafa Maestra”.
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